César Córdova fue posesionado por el Consejo de Participación Ciudadana como Defensor del Pueblo encargado.
Una nueva polémica involucra al Consejo de Participación Ciudadana, que ahonda su crisis, en medio de una fuerte división entre consejeros de mayoría (Sofía Almeida, Ibeth Estupiñan, David Rosero y Javier Dávalos) y minoría (Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo).
La designación de César Córdova como Defensor del Pueblo encargado ha generado críticas al organismo, no sólo por parte de los consejeros de minoría, sino también de organizaciones de la sociedad civil.
Córdova fue designado la noche del sábado 18 de septiembre, en sesión extraordinaria, con cuatro votos a favor y tres abstenciones —de la minoría, que argumentó la falta de experiencia en Derechos Humanos por parte de Córdova—.
“Uno de los puntales fundamentales de la Defensoría del Pueblo es la titularidad de los Derechos Humanos. He escuchado la lectura del currículo de César Marcel Córdova, exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana, que no tiene ninguna trayectoria o formación en materia de Derechos Humanos”, criticó el consejero Francisco Bravo.
El nombre de Córdova fue mocionado por el consejero Juan Javier Dávalos, cercano al correísmo. El curriculum incluye títulos de Doctor en Jurisprudencia, diplomado de especialización a nivel de posgrado en Criminalística, diplomado en reforma procesal penal, diplomado a nivel de posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, cursante de doctorado PHD en Derecho Constitucional, entre otros.
Sin embargo, en la Senescyt constan únicamente dos títulos registrados: doctor en Jurisprudencia, por la Universidad de Cuenca; y diplomado superior en Criminalística, por la Universidad Santiago Antunez de Mayolo (Perú) y reconocido en Ecuador por la Universidad Cristiana Latinoamericana en noviembre de 2009, una de las universidades cerradas en el 2012.
Córdova integra, en el campo privado, un estudio en asesoría jurídica y de comercio exterior. Ahí su hoja de vida en el campo profesional da cuenta de amplia experiencia en el sector aduanero, ya que se ha desempeñado como jefe de operaciones aduaneras, administrador de Aduanas en Cuenca, asesor jurídico de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, entre otros.
Para sus detractores, esa formación profesional no se ajusta a lo que determina el Artículo 11, literal b, de la Ley de la Defensoría del Pueblo, que señala como requisito acreditar amplia experiencia en la defensa de los Derechos Humanos.
La activista en Derechos Humanos Gabriela Alvear manifestó que, al encargar la Defensoría del Pueblo a un desconocido en la defensa de Derechos que no cumple con los requisitos de Ley, el Consejo cometió un acto inconstitucional. “Ya lo hicieron con Freddy Carrión y ahora nos imponen a otro. Fuera Consejo de Participación”, puso en su cuenta Twitter. Alvear, junto a un representante de los trabajadores de la Defensoría, solicitó a la justicia ordinaria que dicte medidas cautelares, para que se deje sin efecto el encargo, que el Consejo apruebe un reglamento que viabilice el encargo dentro de la normativa de la institución y que se ordene realizar un nuevo proceso.
El constitucionalista Ismael Quintana comentó en su cuenta de Twitter que cursar un doctorado no acredita trayectoria en Derechos Humanos, por lo que el nombramiento realizado por el Consejo de Participación es nulo.
El señor Córdova NO cumple con un requisito constitucional indispensable@para acceder al cargo de defensor del pueblo. Cursar un doctorado no acredita trayectoria en derechos humanos. El nombramiento hecho por el @CpccsEc es nulo.
— Ismael Quintana (@ismaelquintanag) September 20, 2021
A pesar de la oposición, el Consejo posesionó la mañana de este 20 de septiembre al Defensor del Pueblo encargado, bajo el argumento de que no se puede dejar en acefalía a la institución y que tenían que actuar con rapidez, ya que la censura y destitución de Carrión se cumplió la madrugada del 15 de septiembre.
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