Un informe de la Contraloría señala estos problemas y otro documento establece que en esa época la corrupción le costó al Estado 17 millones de dólares.
128 informes con indicios de responsabilidad penal son lo que ha remitido la Contraloría a la Fiscalía entre marzo de 2020 y agosto de 2021. Así consta en el reporte de control público de la Contraloría dentro del proceso para transparentar la gestión de recursos públicos durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Según el reporte, la mayor irregularidad encontrada son las falencias en la publicación de información relevante de los procesos de contratación, deficiencias en la determinación de presupuestos referenciales de las contrataciones, proveedores seleccionados sin que cumplan los requisitos, diferencias de precios que perjudican al Estado, y deficiencias en la elaboración de especificaciones técnicas.
Algunas conclusiones
De una muestra seleccionada de forma aleatoria, compuesta por 103 informes generales de auditoría gubernamental efectuadas a agencias de regulación y control, hospitales de la red pública de salud, instituciones adscritas al Ejecutivo, gobiernos locales, empresas públicas, banca pública e instituciones de educación superior, el organismo de control identificó algunas presuntas irregularidades:
- En 37 informes de auditoría se establecieron conclusiones relacionadas con irregularidades, falencias y omisiones en la determinación del presupuesto referencial de las contrataciones. Esto generó la contratación de proveedores que no cumplieron los requisitos para contratar o en diferencias injustificadas de los costos de los productos y servicios, frente a los costos del mercado o a los pagados por otras entidades públicas.
- En 33 informes se estableció que los proveedores seleccionados por las entidades no cumplieron los requisitos para suscribir contratos con el Estado. Sin embargo, fueron habilitados y contratados.
- Los contratistas incurrieron en inhabilidades, como la ausencia de permisos para elaborar y/o distribuir los productos o brindar los servicios requeridos por las instituciones públicas.
- En otros casos, no estaban inscritos en el Sistema Nacional de Compras Públicas, no contaban con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) ni constaban en el Registro Único de Proveedores (RUP).
- También se identificó contrataciones celebradas, aunque la actividad económica registrada del proveedor no concordó con el objeto de las contrataciones o no cumplieron con los requisitos establecidos en los pliegos y términos de referencia, por lo que debieron descalificarse.
- La contratación de proveedores que no cumple los requisitos legales y técnicos señalados en la ley, ocasiona que no se pueda garantizar el cumplimiento cabal de los contratos en situaciones de emergencia, ni el uso eficiente de los recursos públicos.
- En 28 informes de auditoría los equipos de control señalaron que los precios que pagaron las instituciones públicas, por bienes y servicios fueron más altos en relación con los pagos efectuados, por los mismos productos, por otras entidades del Estado ecuatoriano (o, inclusive, por los mismos organismos públicos), en procesos de contratación anteriores.
- Esta deficiencia ocasiona que las instituciones públicas no garanticen la eficiencia en uso de los recursos estatales y que disminuya la disponibilidad de los presupuestos para atender otras obligaciones.
El analista económico Victor Hugo Albán asegura que parte de la problemática se da por la misma normativa. La Ley Orgánica de Contratación Pública establece que, para atender situaciones de emergencia, previo a iniciar el procedimiento de contratación, la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, justificar la contratación y publicarla en el portal de Compras Públicas. Esto permite que la entidad pueda contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. “Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato”, consta en la norma.
Albán manifestó que este sistema permite que no haya procesos de licitación donde se puedan comparar precios o establecer precios bases o referenciales. Recordó que, antes, para la contratación pública se debía pasar por el examen previo de la Contraloría, donde se evaluaban a los contratistas y las ofertas. “Se eliminaron esos pasos y se permitió la contratación directa que es la puerta a la corrupción”, señala Albán.
Cambios necesarios
El 12 de agosto de este año el presidente de la República, Guillermo Lasso, expidió el Decreto 155, que reforma el reglamento del sistema nacional de contratación pública. A través de este Decreto, se ordena que, para iniciar un proceso de contratación pública, se requerirá el informe de pertinencia de la Contraloría, inclusive en los procedimientos de emergencia. En los procesos normales de contratación, dicho informe deberá ser emitido en un término de 15 días, y en los de emergencia en tres días.
Por su parte, la Contraloría también ajustó su normativa en materia anticorrupción y empezó a determinar la pertinencia y favorabilidad de la contratación. Es decir, se pronuncia sobre la congruencia de la información provista por la entidad contratante, respecto a la necesidad de contratación declarada y el cumplimiento de los requisitos.
A partir del 16 de agosto de 2021 y durante el primer año los informes se emitirán únicamente para contrataciones cuyo monto sea igual o superior a 962.410 dólares. A partir del segundo año, se deberá cumplir este requisito, para todas las contrataciones, independientemente del monto.
Los costos de la corrupción
Otro informe de la Contraloría señala que las contracciones irregulares han perjudicado al Estado en más de 17 millones de dólares, durante la emergencia sanitaria que incluye incluye el anticipo no devengado de la construcción del Hospital de Pedernales por 8’214.000 dólares.
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