La Fiscalía le acusa de autor mediato del delito de peculado; la Corte Constitucional ratificó su remoción definitiva del cargo.
Tras tanto tiempo a la espera de resolver su situación administrativa y legal, este 29 de septiembre se convirtió en uno de los días más críticos para Jorge Yunda, quien hoy dejó definitivamente de ser Alcalde de Quito. El pleno de la Corte Constitucional confirmó su remoción. Y, por otro lado, en el campo penal se inició el juicio penal en su contra por peculado.
En lo institucional, la Corte aceptó la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas, vicealcalde, y Mónica Sandoval concejala, en contra de las sentencias de primera y segunda instancia en la acción de protección presentada por el exalcalde, con las que logró que se revocara la remoción que había sido adoptada por el Pleno del Concejo Metropolitano, con 14 votos a favor y ratificada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, en absolución de consulta.
La Corte declaró que las sentencias de primera y segunda instancias vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y motivación de los accionantes. Con esta decisión, quedan en firme las resoluciones que motivaron la remoción de Yunda. La sentencia de la Corte es de cumplimiento obligatorio e inapelable.
En el ámbito penal
En el Complejo Judicial Norte se instaló el juicio en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras 13 personas, acusadas de presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección del Covid-19, a un costo de 4,2 millones de dólares; y que, a pesar de no haber cumplido con las especificaciones técnicas, fueron aceptadas por la Secretaría de Salud Metropolitana.
Según la Fiscalía, el objeto del contrato era la compra de pruebas PCR Polimerasa, pero se habría recibido pruebas RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida, por lo que no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas. Sin embargo, Yunda aseguró esta mañana, antes de entrar a la audiencia, que no se trata de pruebas “chimbas”, por lo que espera que, cuando termine este proceso, sea la justicia la que brille.
Por fin podemos defendernos científicamente y con argumentos sólidos, salvamos decenas de miles de vidas, la conciencia me deja dormir tranquilo. https://t.co/Pfq2vhkNOv
— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) September 29, 2021
En un primer momento, el Alcalde sólo asistió unos minutos al Complejo Judicial, habló con sus abogados y se retiró, aduciendo que no le correspondía comparecer este día. Sin embargo, tuvo que regresar para que el juez le autoriara a abandonar la sala y sea juzgado en ausencia, al igual que Ximena Abarca, secretaria de Salud, una de las procesadas.
En el alegato de apertura, el fiscal provincial que lleva la causa, Alberto Santillán, manifestó que en el transcurso del juicio presentará elementos que comprobarán que el Alcalde es autor mediato del delito de peculado y que se habría perjudicado a la ciudad en 2,2 millones de dólares.
#AHORA | Caso #PruebasPCRQuito: se instala audiencia de juicio contra el alcalde de #Quito, Jorge Homero Y. M., y 13 personas más. #FiscalíaEc los procesa por su presunta responsabilidad en el delito de peculado. #ElMomentoJusto #FiscalíaContraElDelito Detalles en el video ⬇️ pic.twitter.com/vDbKIID0X1
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 29, 2021
Los tiempos
Será un juicio medianamente largo, anticiparon las partes procesales, con una duración aproximada de un mes. Los testigos y peritos convocados para que rindan sus declaraciones sobrepasan los 250. Sólo la Fiscalía ha anticipado que requerirá los testimonios de 182 personas, entre ellas los concejales Luz Elena Coloma y Fernando Morales. Han sido llamados a comparecer funcionarios municipales, de la Contraloría, del Ministerio de Salud y de varios hospitales de la capital. Se incluyen también varios peritos. Por su parte, la defensa de Yunda ha anunciado la comparecencia de 88 personas, aproximadamente. La sentencia que se dicte será de primera instancia y podrá ser apelada por las partes procesales.
Los procesados y el grado de participación, según Fiscalía
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- Jorge Yunda, Alcalde de Quito, autor mediato. Según la Fiscalía, tuvo conocimiento en todo momento del proceso de contratación y preparó las condiciones y adecuó la normativa para que Lenín Mantilla, exsecretario de Salud (prófugo), suscribiera un contrato para la adquisición de las pruebas PCR, por sobre los techos máximos que regían para la administración pública. También habría conocido que las pruebas no cumplían con las especificaciones técnicas.
- Lenín Mantilla, exsecretario de Salud Metropolitano, autor directo, prófugo. Habría participado en actos que configuran disposición arbitraria de recursos públicos. Firmó el contrato para la adquisición de las pruebas PCR.
- Juan Vinelly, representante de una casa proveedora, autor directo. Se comprometió a entregar pruebas PCR Polimerasa pero entregó otro tipo de pruebas de menor sensibilidad.
- José Bucheli, exdirector de Gestión de la Secretaría de Salud, coautor. Su participación se dio en la fase precontractual, que generó la firma del contrato con perjuicio económico para el Municipio.
- Diego Salazar, de la Comisión Técnica de Contratación, coautor. Suscribió el informe de viabilidad de las ofertas y habría recomendado que se adjudicara a una determinada empresa proveedora, cuya propuesta no cumpliría con las especificaciones.
- Simón Valencia, de la Comisión Técnica, coautor. La misma participación que Diego Salazar.
- José Morales, elaboró el informe de necesidad de mercado y especificaciones técnicas. Recomendó establecer el contrato con una determinada empresa proveedora, sin tomar en cuenta otra oferta.
- Iván Manzano, suscribió el informe de necesidad de estudio de mercado, coautor. Similar al caso de José Morales.
- Ximena Abarca, secretaria de Salud en funciones, coautora. Permitió que se mantuviera el contrato con la empresa proveedora, a pesar de que habría tenido constancia de que las pruebas entregadas no eran las determinadas en el contrato.
- Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud. Habría tenido conocimiento de que las pruebas no cumplían con los requisitos contemplados en las especificaciones técnicas.
- Daisy Hidalgo, administradora del contrato, coautora. No informó por escrito el incumplimiento del contrato, a pesar de que tenía la obligación de vigilar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.
- Erik Andrade, excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud. Conocía desde el inicio la necesidad de adquirir pruebas PCR Polimerasa y no RT Lampa, de menor sensibilidad, que es lo que se entregó.
- Jessica Cárdenas, delegada en contratación pública de la Secretaría de Salud, coautora. Tenía como responsabilidad recibir ofertas de los proveedores pero se detectó que inobservó la Ley Orgánica de Contratación Pública.
- Marco Rubio, coordinador jurídico, coautor. No cumplió con su rol de asesorar a la Secretaría de Salud en la terminación unilateral del contrato por incumplimiento de su objeto.
Fuente. Fiscalía General del Estado.
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