Hay expectativa por la labor que deberá cumplir el nuevo alcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien asumió el cargo este mediodía.
Quito recupera la paz, afirma, en un comunicado, el colectivo Todos por Quito, tras el fallo de la Corte Constitucional que constituye el fin del ciclo de Jorge Yunda al frente de la Alcaldía de la capital. Agrega que la sentencia pone fin a un periodo de incertidumbre y devuelve la confianza en la justicia.
En entrevista a Notimundo, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, declaró que la sentencia le devuelva a la ciudad la gobernabilidad y que inicia un trabajo para consensuar una agenda mínima que permita solucionar al nuevo alcalde, Santiago Guarderas, los principales retos de la capital, como son el Metro, la seguridad ciudadana y la reactivación económica. “Los quiteños debemos estar vigilantes de que ese nuevo norte se cumpla”, manifestó el dirigente gremial.
William Bastantes, presidente de la Federación de Barrios de Quito, hizo un llamado al Concejo Metropolitano para que deponga actitudes e intereses políticos y trabaje en conjunto por la ciudad. El dirigente señaló que no le haría nada bien a la ciudad ver nuevas pugnas entre las autoridades por poner a su gente de confianza en las gerencias y otros puestos claves del Municipio. Para Bastantes, los problemas urgentes son la inseguridad y la movilidad, ya que considera que en el sistema de transporte no se respeta el aforo, ni las condiciones mínimas y, a pesar de eso, se les permite el incremento de las tarifas.
Por su parte, Jessica Jaramillo, abogada que impulsó el proceso de remoción del Alcalde, destacó que el proceso fue una iniciativa cívica ciudadana y que hoy la labor de las nuevas autoridades debe estar enfocada en la transparencia fiscal. Para la abogada, el fallo constitucional es un acto de justicia para Quito, que permitirá iniciar en la capital una nueva era.
Los concejales
Fernando Morales, concejal que votó a favor de la remoción, aseguró que el tiempo les ha dado la razón y que la Corte Constitucional le ha devuelto la esperanza a Quito. “Vienen mejores días, no podemos caer en las artimañas de las personas que quieren victimizar a Jorge Yunda”, manifestó.
Mónica Sandoval, concejala que junto a Santiago Guarderas interpuso ante la Corte Constitucional la acción extraordinaria de protección, aseguró que la sentencia ratifica la transparencia y legitimidad del proceso de remoción.
#Quito La sentencia de la @CorteConstEcu ratifica la transparencia, legalidad, coherencia y legitimidad del proceso de remoción en contra del Dr. Jorge Yunda ⤵️ pic.twitter.com/Gi4Tzmx1an
— Mónica Sandoval (@MoniSandovalUIO) September 30, 2021
En este ambiente Santiago Guarderas asumió el cargo de Alcalde de Quito este mediodía. “Acabo de reasumir la Alcaldía porque las leyes y la verdadera justicia, así lo han determinado”, dijo. Aseguró que ha sido respetuoso de la normativa pero que está de regreso con el compromiso de trabajar y poner todo su conocimiento y energía para rescatar a la ciudad de un grupo que buscó tener réditos personales.
Los detalles de la sentencia
La decisión de la Corte, por sí sola, no remueve del cargo a Jorge Yunda, sino que deja en firme una decisión tomada con anterioridad por el Concejo y ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral. Estos son los principales puntos y argumentos que contiene el fallo.
- Deja sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia del ámbito judicial, que favorecieron en su momento al exalcalde de Quito.
- La sentencia de primera instancia fue dictada el 1 de julio de 2021, por la jueza María Belén Domínguez, con la que aceptó parcialmente una acción de protección interpuesta por Yunda en contra de los integrantes de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano.
- Concejales de oposición apelaron la sentencia de Domínguez. En la sentencia de segunda instancia dictada el 30 de julio por jueces de la Corte Provincial de Justicia, no sólo rechazaron la apelación, sino que dejaron sin efecto el proceso de remoción.
- Al dejar sin efecto esos fallos de primera y segunda instancia, cobra vigencia la remoción adoptada por el Concejo Metropolitano el 3 de junio de 2021.
- La sentencia de María Belén Domínguez vulneró el derecho a la seguridad jurídica, ya que modificó sin sustento legal ni competencia para ellos, normas del Cootad que rigen para un proceso de remoción y la integración de la Comisión de Mesa.21-EP (KAQ).pdf
- Domínguez está siendo investigada, en lo administrativo y en lo penal, por una posible irregularidad en el sorteo de la causa. Según la sentencia de la Corte, la jueza consideró que era irrelevante esa irregularidad. Sin embargo, los jueces constitucionales consideran que deja en entredicho los derechos de las partes procesales a un juez competente y la legitimidad del proceso.
- En la sentencia de segunda instancia los jueces de la Corte Provincial evitaron referirse al sorteo de la causa en primera instancia, lo que vulneró el derecho a la motivación, condición que debe mantener toda sentencia de manera obligatoria.
- La Corte Constitucional considera que los informes de la Comisión de Mesa, cuestionados por Yunda, no son vinculantes, ya que sólo buscan dotar de elementos de juicio al Concejo Metropolitano.
- Consta que en la sesión del 2 y el 3 de junio del Concejo Metropolitano las partes expusieron sus argumentos y pruebas de cargo y de descargo para que los concejales decidan directamente. “El informe de la Comisión de Mesa no es el único elemento sobre el cual los ediles del Concejo Metropolitano basan su decisión dentro de un proceso de remoción”.
- La Corte ordena que el expediente se ponga en conocimiento del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía, para que investiguen y determinen la existencia de responsabilidades en la irregularidad en el sorteo de la causa. En 180 días a partir de la notificación de esta sentencia, la Judicatura deberá presentar un informe sobre las medidas adoptadas para evitar irregularidades y malas prácticas en el sorteo de las causas.
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