Oct 02

El sistema carcelario no logra salir de ‘terapia intensiva’

Unos dos mil indultos se tramitarán para tratar de disminuir el hacinamiento. La cifra de asesinados es de 118.

La masacre del 29 de septiembre en la Penitenciaría del Litoral, que hasta el momento deja 118 reos asesinados, según la información oficial, es la más grave ocurrida en el país, pero refleja problemas estructurales que van más allá de un enfrentamiento entre bandas por control de territorio, según colectivos que trabajan en Derechos Humanos. 

En un manifiesto público de la ‘Alianza contra las prisiones’, se señala que el discurso de ‘Mafias vs. Estado’ invisibiliza la precarización de las vidas de las personas encarceladas y su falta de acceso a medios básicos de subsistencia, como una adecuada alimentación e higiene. Señala también que el Estado produce hacinamiento, al recurrir al aparato penal como primera línea de acción, entre otros aspectos. 

El grave diagnóstico de la crisis carcelaria no es privativo de las organizaciones, colectivos o activistas de Derechos Humanos. El propio Gobierno de Guillermo Lasso lo reconoce en el Plan Nacional de Oportunidades 2021-2025, la guía de política pública que espera ejecutar el Ejecutivo en sus cuatro años de mandato y que fue aprobado hace una semana por el Consejo Nacional de Planificación. En ese documento se señala que la situación es preocupante en el sistema penitenciario, donde se vive hacinamiento, infraestructura precaria, y vulnerabilidad de derechos. En cuanto a datos, señala que en el 2020 se produjeron 118 eventos violentos en las prisiones, que se cuenta con un servidor penitenciario por cada 26 detenidos, cuando la norma internacional dicta que debe existir 1 por cada nueve. 

 

 

En relación al hacinamiento, da cuenta de que en el 2020 la tasa era del 30,20% en las cárceles del país, la infraestructura era para 29.749 presos pero al 2020 fue de 38.729. 

En marzo de 2021, tras otro motín carcelario, compareció ante una de las Comisiones de la Asamblea el entonces ministro de Gobierno Patricio Pazmiño. El exfuncionario expuso las cifras con corte a febrero de 2021: 38.693 detenidos, tasa de hacinamiento del 29,42%, 1.750 policías asignados al control de las cárceles, y 1.239 a arrestos domiciliarios

En relación a la población penitenciaria las cifras eran las siguientes a febrero de este año según el Ministerio de Gobierno:

 

La reflexión

Pamela Chiriboga, abogada de INREDH, que trabaja en temas de sistema penitenciario, aseguró que el Estado ha perdido el control de las cárceles, ya que es el encargado de dar protección a los detenidos que, según la Constitución, son grupos de atención prioritaria. Asegura que es un problema estructural, ya que las autoridades abordan la temática con visión  punitivista y que, a pesar de las mega estructuras carcelarias, no hay división de presos por pabellones de acuerdo con el delito cometido, ya que juntan en un mismo espacio a una persona detenida por alimentos con otra detenida por asesinato o narcotráfico. Además, agrega, las condiciones sanitarias son insalubres, la alimentación no es la correcta, no hay procesos de rehabilitación, entre otros aspectos. Para Chiriboga, un primer paso para superar este problema es que el Estado permita la colaboración de la sociedad civil, de quienes han trabajado en este tema, en la definición de políticas de rehabilitación, que se les permita ofrecer cursos y talleres. “La academia, los grupos de derechos humanos conocemos los estándares, la problemática y poder identificar algún tipo de solución”, dijo.

La coyuntura  

En una rueda de prensa, ofrecida por las autoridades, ratificaron que el número de fallecidos en la Penitenciaría del Litoral se mantiene en 118 fallecidos, 79 heridos y 36 hospitalizados. Con lo que se desvirtúa información de redes sociales que dan cuenta que son más de 300 acribillados y otras desinformaciones al respecto, como que fue asesinado un centenar de reclusos que no pudieron salir del pabellón porque un uniformado soldó la puerta.

En lo concreto, las autoridades anunciaron que están trabajando por lograr el control total de la Penitenciaría del Litoral, implementar escáner de carga para evitar el contrabando de armas, rehabilitar el complejo penitenciario de Guayaquil, dividir y distribuir a los reos para prevenir hechos violentos, y tramitar de manera inmediata indultos para unos dos mil detenidos a escala nacional, como personas de las tercera edad, mujeres, personas con discapacidad y enfermos terminales, repatriación de extranjeros detenidos.

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