Esperan que el Estado corrija las fallas en los procesos investigativos, algo por lo que vienen luchando desde hace muchos años.
31 años han pasado desde la desaparición del escritor ecuatoriano Gustavo Garzón y recién su familia ha encontrado algo de justicia, que llegó a través de instancias internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró que el Estado ecuatoriano es responsable por la desaparición forzada de Garzón y por la violación de sus derechos “al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial”.
En la misma sentencia declaró responsable al Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e integridad personal de los familiares del escritor. Su hermano, Rodrigo Garzón, en diálogo con Ecuador Verifica, manifestó que es un logro el que se haya emitido esta condena, por las condiciones que rodean el caso, ocurrido en noviembre de 1990.
“No se señala ningún culpable, no existen indicios, ni ninguna prueba. Pero los antecedentes y el contexto de la desaparición indican claramente que hay responsabilidad del Estado con sus organismos represivos. Es una sentencia que tiene bastante justicia”, manifestó Rodrigo.
Para la familia, el pronunciamiento de la CorteIDH sentará jurisprudencia; pero lo más importante, dicen, es que ordena continuar con la investigación empleando todos los medios científicos y técnicos que existan hasta que haya avances.
El caso está en la Fiscalía en investigación previa y los familiares han solicitado constantemente que se hagan algunas diligencias, en la medida de lo posible, ya que es muy limitado lo que se puede hacer porque ha pasado tanto tiempo. “Pero hay muchas cosas pendientes que se pueden hacer por parte de la Fiscalía, por lo que esperamos que con el peso de esta sentencia la investigación continúe y se pueda acceder a otra información que hasta la presente fecha se mantiene vedada, me refiero a archivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía”, dijo.
Su historia
Gustavo Garzón Guzmán nació el 8 de junio de 1958, era escritor y tallerista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y trabajaba para la editorial El Conejo. Tenía 32 años cuando desapareció; a esa fecha estaba escribiendo la tesis de su doctorado en Letras. El 9 de noviembre de 1990, junto con un grupo de amigos, estuvo en una discoteca en La Mariscal, el último lugar donde fue visto.
Su familia, al notar que no llegó a la casa, inició su búsqueda en clínicas, hospitales, cárceles y la morgue. También acudieron al Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P) a denunciar la desaparición, pero se negaron a recibirla porque no habían pasado 48 horas. La denuncia fue recibida el 16 de noviembre de 1990.
El 3 de mayo de 2007 se creó la Comisión de la Verdad, para investigar las violaciones de Derechos Humanos ocurridas entre 1984 y 1988. La Comisión, en su informe final, documentó el caso de Garzón y lo calificó como una desaparición forzada.
En la sentencia de la Corte “se presume la responsabilidad de la Policía Nacional”. La investigación realizada por la institución uniformada se reduce a tres partes informativos elaborados en enero y julio de 1991 y en agosto de 1994.
En tanto, en enero de este año la Procuraduría General informó que Ecuador asumió la responsabilidad en el caso de Gustavo Garzón.
Lo que dispone la sentencia
- El Estado debe continuar y llevar a cabo, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones que sean necesarias para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada de César Gustavo Garzón Guzmán.
- El Estado debe realizar pronto una búsqueda rigurosa, sistemática y con los recursos humanos y económicos adecuados, en la que realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de Garzón.
- El Estado debe brindar el tratamiento sicológico y siquiátrico que requieran las víctimas. Además, deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
- El Estado debe pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos.
- El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplirla.
- La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto.
Sentencia que rebasa el caso
Si bien la sentencia de la CorteIDH se refiere únicamente al caso de Gustavo Garzón, para los familiares de otras personas desaparecidas en Ecuador constituye una esperanza para que sus casos sean tratados en esa instancia internacional y se logre un poco de esa justicia que no la han hallado en las instancias nacionales.
Para Alexandra Córdova, madre del joven David Romo, desaparecido en mayo de 2013, es una sentencia que invita a la conciencia colectiva de Ecuador, que debe exigir a todos los empleados del Estado a no prestarse a la impunidad. “Basta de desapariciones sistemáticas de seres humanos que pueden ser sus propios familiares. La gran parte de estas desapariciones se parecen muchísimo en la actuación del Estado y sus agentes”, manifestó. Córdova considera que el fallo internacional es un llamado de atención a la falta de conocimiento de los agentes estatales sobre Derechos Humanos e investigaciones. “¿Cómo puede ser que por culpa de estos agentes Ecuador tenga que ser sancionado en cortes internacionales?”, cuestionó.
En lo particular, confía en que sea un impulso para su causa en esa lucha constante para saber qué pasó con su hijo y cómo esa respuesta no le ha podido dar el sistema nacional llevó el caso de David Romo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde está en fase de admisibilidad.
Situación similar vive Milena Pacheco, hermana de Telmo Orlando Pacheco, joven desaparecido en noviembre de 2011. “Es un triunfo histórico, ya que, si no pudimos obtener verdad y justicia aquí en nuestro país, como debería ser el caso, sí lo obtenemos a nivel internacional”, dijo. Agregó que eso es fundamental, ya que marca un precedente para que el Estado mejore los procesos de búsqueda de los desaparecidos, para que capacite y especialice a los agentes y fiscales. Asegura que en su caso espera agotar las instancias nacionales y asesorarse para acudir a instancias internacionales, alentada por este fallo de la CorteIDH.
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