Ahora el Comité de Ética exhorta a que se revisen todos los contratos para encontrar otros casos, de ‘cruce’ de contrataciones para favorecer a familiares de asambleístas.
Hecha la ley, hecha la trampa. Esa expresión popular se ajusta muy bien a la Asamblea. Ahí donde se hacen las leyes, también se dan modos para buscar un resquicio para evadirla. El informe que aprobó el Comité de Ética recomendando al Pleno la destitución del asambleísta Eckenner Recalde (ex ID) por presunto cobro de diezmos a sus colaboradores, saca a la luz la ‘viveza criolla’ para evadir controles, actuar al margen de lo ético y al filo de la Ley.
Recalde, asambleísta por Pichincha, tenía trabajando en su despacho, como asistente, a su cuñada Carmen Calderón, quien oficialmente estaba vinculada al despacho de la también asambleísta Rocío Guanoluisa Farinango (ID). Esta especie de intercambio de contratos implicaba que en la nómina del personal a cargo de Recalde constara Viviana Guanoluisa Farinango, pariente de la legisladora.
De la investigación del Comité de Ética se desprende que Calderon, a pesar de pertenecer al despacho de Rocio Guanoluisa, laboraba en la oficina de Recalde. “Se nos indicó que ella iba a ser la secretaria personal del asambleísta, quien se encargaría de su correo, de su DTS y de todo lo que tiene que ver con el filtro previo a que tenga conocimiento cualquier cosa el asambleísta”, declaró en su momento Xavier Ortuño, uno de los perjudicados por el cobro de diezmos.
Quienes trabajaron con Recalde no mencionan a Viviana Guanoluisa como parte del equipo del legislador, a pesar de que estaba asignada a ese lugar. Total, según el distributivo de personal de la Asamblea, las dos ocupaban el mismo nivel jerárquico -asistentes- con una remuneración mensual acumulada de 1.394 dólares cada una.
El Comité, en su informe, infiere que Calderón Piedra prestaba sus servicios en el despacho de su cuñado, el asambleísta Recalde, pese a estar vinculada contractualmente con el despacho de la asambleísta Guanoluisa con “quien, de manera fraudulenta -presuntamente- (…) acordaron eludir la prohibición de nepotismo constante en el tercer inciso del artículo 159 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de que ambos asambleístas pudiesen vincular parientes cercanos utilizándose vilmente entre ellos, como fachada de supuesta legalidad”.
Las conclusiones y recomendaciones
Una de las conclusiones que consta en el informe es que se ha evidenciado que existe una conducta conexa entre asambleístas que, con un aparente acuerdo o pacto y de manera concertada, contratan entre sí, a familiares evadiendo la prohibición de nepotismo.
Se evidencia la contratación de Calderón, cuñada del asambleísta Recalde, quien constaba en la nómina del despacho de la asambleísta Amparo Rocío Guanoluisa Farinango.
Calderón asistía y laboraba a tiempo completo en el despacho de Recalde.
“Asimismo, se evidencia, conforme indican documentos oficiales de la Coordinación General de Talento Humano, que en la nómina del despacho del asambleísta Eckenner Recalde consta Viviana Guanoluisa Farinango”.
Es por esto que se recomienda al Consejo de Administración Legislativa (CAL), a través de la Coordinación de Talento Humano de la Asamblea, revisar todas las contrataciones con la finalidad de evitar el nepotismo, o aquellas conductas que tratando de evitarlo, “se conciertan para contratar a familiares de asambleístas en los distintos despachos de los legisladores y de ser el caso, tomar acciones correctivas ante dichas actuaciones”.
Va el pleno
El caso del asambleísta Recalde será tratado por el Pleno de la Asamblea. El informe del Comité de Ética fue aprobado con tres votos a favor y dos abstenciones. En el documento se recomienda la destitución de Recalde, con base en las pruebas de cargo y descargo, ya que se considera que incurrió en la prohibición de percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas; lo que incluye recibir comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo.
Según los denunciantes, Recalde solicitaba entre 200 y 300 dólares al personal a su cargo para levantar una sede de campaña en el sur de la ciudad.
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