Un convenio firmado entre el CNE y el Ministerio del Interior garantiza equipos de seguridad para los ocho binomios presidenciales, desde el lunes.
El ‘corre corre’ electoral también ha impulsado la generación de desinformación en redes sociales. Cada anuncio o declaración dada, tanto por los políticos como por las instituciones, conlleva el riesgo de ser usada de forma descontextualizada para desinformar al electorado.
Este es el caso de una publicación realizada por la página de Facebook ‘Hechos Ecuador’. En esta se asegura que los ocho binomios presidenciales contarán con seguridad policial tras denuncias realizadas contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esto, haciendo referencia a publicaciones en redes sociales, que acusaban al presidente, Guillermo Lasso, de otorgar escolta al candidato. La publicación cuenta con más de 120 reacciones, 60 comentarios y 30 compartidos.
Calificamos esta información como engañosa. A pesar de que el anuncio sobre la seguridad que se otorgará a los binomios presidenciales es real, la publicación se vale de esto para insinuar que las medidas se tomaron por las denuncias contra Villavicencio, candidato por el movimiento Construye, lista 25.
Ayer, el Consejo Nacional Electoral (CNE) firmó un convenio con el Ministerio del Interior para garantizar la organización, seguridad, mantenimiento del orden público, control y transporte de paquetes electorales para los comicios anticipados, que se realizarán el próximo 20 de agosto.
Como parte del acuerdo, el organismo electoral se comprometió a transferir a la Policía Nacional USD 2’059.115,25 de forma oportuna. Este valor permitirá el financiamiento de equipos de seguridad para los ocho binomios presidenciales. Además, entre otros rubros, se garantizará el resguardo policial en los exteriores de las instalaciones del CNE, tanto en Quito como en otras ciudades y provincias.
Juan Zapata, ministro del Interior, aclaró que los equipos policiales que se asignarán a los ocho binomios ya entraron en procesos de capacitación y desde el lunes empezarán a brindar sus servicios. Con respecto a los candidatos al Legislativo, los políticos podrán canalizar sus pedidos de seguridad a través del CNE para que se puedan realizar análisis de riesgo.
Sobre el caso de Villavicencio, el político ya contaba con resguardo policial desde inicios del 2022, cuando era asambleísta. Esto debido a los análisis de riesgo realizados por el Ministerio del Interior, luego de que Villavicencio denunciara haber sido blanco de amenazas. En mayo del 2022 se registró un posible atentado al exlegislador, cuando personas desconocidas rompieron el vidrio posterior derecho del vehículo personal de Villavicencio, en el que se trasladaba su hermana.
A pesar de que en redes sociales existieron publicaciones que acusaban a Villavicencio de ser el candidato oficialista por contar con seguridad policial en medio del proceso electoral, no se realizaron denuncias formales sobre el tema. Ecuador Chequea, además, verificó esta información calificándola de engañosa. Esto, debido a que el político ya contaba con seguridad antes de ser candidato.
Fernando Villavicencio tiene seguridad desde que era asambleísta. No se ha logrado establecer cuántos policías lo resguardan. Posee ese beneficio porque un análisis estableció que corre riesgo.#EleccionesAnticipadas2023Ec
▶️ https://t.co/Hqf0bRIqIr pic.twitter.com/sFDyHcukgd— Ecuador Verifica (@ecuadorverifica) June 27, 2023
La publicación se vale de las medidas tomadas desde el CNE y el Ministerio del Interior para intentar dar veracidad a lo publicado sobre Villavicencio. No caiga en la trampa de los desinformadores y recurre a fuentes confiables al ver o leer información que insinúe intereses políticos.
Entre los datos incluidos en el post, la página también asegura que el equipo de seguridad de Villavicencio le costaría alrededor de $15.000 al Estado. Este dato no puede comprobarse, pues la cantidad de funcionarios que conforman el equipo de seguridad del político es reservada, según información del Ministerio del Interior. Además, el valor dependería del sueldo de los uniformados, el cual varía según el rango de los funcionarios.
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