La candidata correísta, entonces Ministra del Trabajo encargada, firmó el decreto 94, a dos días del cambio de mando presidencial. Así normó el retiro por jubilación del servicio público.
Una publicación realizada por la cuenta personal de un usuario de Facebook afirma que Luisa González, hoy candidata a la Presidencia por el correísmo, emitió un acuerdo ministerial, como autoridad encargada del Ministerio de Trabajo, a dos días de finalizar el Gobierno del expresidente Rafael Correa. En este, según dice el post, se habría quitado el derecho de los servidores públicos a recibir una compensación económica por jubilación, contemplada en la Ley Orgánica de Servicio Público.
Calificamos esta información como engañosa. El documento del que habla la publicación es real; sin embargo, éste no retiró el derecho a recibir la compensación jubilar para servidores públicos, aunque sí dificultó el acceso a este desembolso para trabajadores menores de 70 años, quienes cumplían con los requisitos para acceder a la jubilación no obligatoria.
Según registros del Ministerio de Trabajo, el Acuerdo Ministerial 0094 fue emitido el 22 de mayo del 2017, a dos días del cambio de mando presidencial, en el que Correa entregaría el poder a Lenín Moreno.
En este texto suscrito por Luisa González, quien en ese entonces se desempeñaba como Ministra de Trabajo encargada, se expidieron directrices para los procesos de desvinculación de servidores públicos con nombramiento permanente que busquen acogerse al retiro por jubilación.
Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 129, establece que todo servidor público con nombramiento permanente que acceda a la jubilación recibirá una compensación económica. La Ley destaca que los trabajadores “recibirán, por una sola vez, cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, contados a partir del quinto año, y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos”.
El acuerdo ministerial emitido por González fue criticado y señalado por varios sectores de trabajadores en ese entonces. Esto debido a que, además de normar el acceso a compensaciones y al retiro por jubilación para trabajadores de 70 años o más, también incluía artículos que posteriormente complicaron que personas con menos de 70 años de edad y que cumplían los requisitos para acceder a la jubilación no obligatoria, pudieran hacerlo. La Ley Orgánica de Seguridad Social establece como requisitos para la jubilación no obligatoria tener al menos 60 años y 30 años de aportación al IESS.
El acuerdo ministerial 0094, en su artículo 8, establecía las normas de pago para personas de 70 años o mayores, quienes son beneficiarios de la jubilación obligatoria. Sin embargo, el artículo 9 fue el más discutido por los trabajadores. Éste establecía los procesos de desvinculación por retiro no obligatorio, destacando que los funcionarios que buscaban el beneficio “únicamente podían acogerse al retiro por jubilación siempre que consten dentro de la planificación y en función de la disponibilidad presupuestaria fiscal existente”. Esta planificación hace referencia al periodo de recepción y gestión de trámites establecido por el Ministerio del Trabajo.
En otras palabras, el artículo establecía que los trabajadores, para acceder a la jubilación no obligatoria, debían entregar sus solicitudes antes del 31 de marzo de cada año, para que éstas sean tratadas hasta el 30 de abril y aceptadas, en caso de que exista el presupuesto. En caso contrario, de entregar la documentación entre abril y diciembre o en caso no existir el presupuesto, no se daría paso a la jubilación hasta su análisis en el siguiente periodo fiscal.
A renglón seguido, el acuerdo ministerial establecía que las demoras en la jubilación podrían ser subsanadas si el funcionario público renunciaba de forma voluntaria a su cargo para acceder a los beneficios jubilares establecidos por el IESS. Sin embargo, esta opción ocasionaba que el Estado no estuviera en la obligación de pagar la compensación establecida por la Ley. Y es justamente este artículo del acuerdo ministerial el más criticado, acusándolo de ser una ‘triquiñuela’ legal para no pagar compensaciones a funcionarios públicos, dado el ‘dolor de cabeza’ que es acceder a los beneficios de jubilación antes de los 70 años.
En marzo del 2018, la asambleísta Norma Vallejo, junto a un grupo de jubilados, solicitó la derogatoria del Acuerdo Ministerial al Gobierno de Lenín Moreno. Su principal señalamiento era justamente que el acuerdo disponía que los trabajadores menores de 70 años que quieran presentarse a la jubilación de forma voluntaria sólo podrán hacerlo cuando exista la respectiva planificación y disponibilidad presupuestaria.
“Todo lo que ha venido sucediendo desde el 2008 es una evidencia de que no hubo planificación y, por lo tanto, muchas personas que están esperando jubilarse no lo podrán hacer, cumpliendo los requisitos en este año”, aseveró la legisladora en ese entonces, según recogió la Asamblea Nacional.
Maestros también se manifestaron ese año contra el Gobierno exigiendo el pago de su compensación jubilar y exigiendo la derogatoria del Acuerdo 0094.
Finalmente, en el 2018, Raúl Ledesma, ministro del Trabajo de Moreno, derogó el acuerdo para suscribir uno nuevo, el MDT-2018-0185, en el que se establecían nuevas normas para la desvinculación y acceso a jubilación para menores de 70 años. El texto eliminó aspectos como la opción de renuncia voluntaria para quienes busquen acceder a la jubilación no obligatoria, aunque mantuvo los periodos de planificación para aceptar y gestionar recursos para jubilaciones.
Del mismo modo, el acuerdo del 2018 mantuvo la posibilidad de cobrar las compensaciones jubilares a través de bonos del Estado. Esto se reforzó con la reforma de Moreno al reglamento de la Ley de Servicio Público, en su artículo 289, en el que se establece que todos los jubilados pueden recibir su compensación en bonos de deuda, que pueden ser negociados o vendidos posteriormente.
Cabe recalcar que el acuerdo suscrito por Ledesma ha sido modificado en dos ocasiones hasta hoy en día, una en el 2019 y otra en el 2021. A pesar de esto, las bases del texto siguen siendo las mismas que hasta ahora levantan críticas desde jubilados y trabajadores del sector público.
En este caso, la publicación se vale de información real, como la firma del acuerdo por parte de Luisa González, para manipularla. Cabe recordar que, como se mencionó previamente, el texto sí complicó el acceso a la compensación económica para jubilados del sector pública, según denuncias de diferentes sectores; sin embargo, no quitó este derecho. Lo firmado por González ya no está en ejecución desde la derogatoria del decreto en 2018.
Te puede interesar:
· Bruno Segovia tuvo 4 boletas de apremio entre el 2016 y el 2018
· El expresidente Correa no ha hecho esta declaración, mantiene su calidad de prófugo
· Los desinformadores usan una estrategia para cada etapa de campaña
Comments are closed.