Ago 22

Daniel Noboa no ha tenido cargos en gobiernos anteriores

Su primera incursión política fue en 2021, cuando el actual candidato a la Presidencia llegó a la Asamblea. Noboa se desempeñó como asambleísta por 2 años. 

Tras las elecciones anticipadas de este domingo 20 de agosto, se han difundido numerosos contenidos en redes digitales acerca del perfil, el pasado, el presente e incluso el futuro de los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta. En uno de estos posts se afirma que el candidato presidencial, Daniel Noboa fue asambleísta y por ello formó parte de los últimos gobiernos. En este contenido se muestra una foto de Noboa acompañada de un titular que dice: «Daniel Noboa Azín recibirá los proyectos económicos urgentes».

Calificamos este contenido como falso, porque Noboa no ha desempeñado cargos en los últimos gobiernos como el de Lenín Moreno o el de Guillermo Lasso. En 2021, fue asambleísta por el movimiento Ecuatoriano Unido. 

Daniel Noboa, en realidad, fue asambleísta por la provincia de Santa Elena, tras las elecciones de 2021, en las que fue electo  en representación del movimiento Ecuatoriano Unido, que respaldó la candidatura presidencial del pastor evangélico Gerson Almeida. En ese entonces, pasaron a la segunda vuelta electoral Andrés Arauz del correísmo y Guillermo Lasso de CREO, quien fue electo como Presidente de la República.

En 2021, fue la primera incursión política de Noboa, quien logró ser elegido como presidente de la comisión de Desarrollo Económico. Según los periodistas que cubren la Asamblea Nacional, el exasambleísta y ahora candidato presidencial siempre mantuvo un perfil bajo, tanto en sus escasas participaciones en el pleno como en el interior de la comisión que presidía.

La exasambleísta Wilma Andrade de la Izquierda Democrática, en la práctica, se convirtió en el rostro más visible y representativo de la comisión, informando a la prensa sobre el trabajo que estaban realizando o tenían pendiente. Así lo recuerdan los cronistas parlamentarios.

Antes de llegar a la segunda vuelta, Noboa afirmó, en respuesta a quienes le consultaban, que el 19,2% de los proyectos aprobados por la Asamblea correspondían a los presentados por la comisión que él presidía. No obstante, esa cifra no fue certificada por ningún organismo parlamentario del Legislativo, antes de su disolución en mayo. 

Uno de estos proyectos, en todo caso, fue el conocido como Ley de Economía Violeta, la cual estableció que el período de lactancia materna debía ser compartido con el padre. Sin embargo, esta disposición legal fue objeto de amplias críticas por parte de organizaciones feministas, que argumentaban que perjudica los derechos de la madre al otorgar una única licencia compartida en lugar de dos licencias independientes, una para el padre y otra para la madre.

Otra polémica del paso de casi dos años de Noboa por la Asamblea, fue el viaje que realizó a Moscú en septiembre de 2022 junto con otros asambleístas, para supuestamente fortalecer las relaciones entre ambos países.

Este viaje abrió una polémica por el rechazo a escala internacional a causa de la agresión militar de Rusia en contra de Ucrania. Y el que Daniel Noboa costeó de su propio bolsillo este traslado al extranjero de dicho grupo de asambleístas en plena vacancia de la Asamblea.

Además de Noboa, este grupo de legisladores, que se denominó como “Interparlamentario de Amistad entre la República de Ecuador y la Federación de Rusia” estaba compuesto por Marcela Holguín, Pamela Aguirre y Johanna Ortiz (UNES), Vanessa Freire (BAN), Johanna Moreira (ID) y Jorge Abedrabbo (PSC).

Contrario a la oposición correísta

El 16 de marzo de 2022, Ecuador Chequea informó que Daniel Noboa expresó su desacuerdo con la oposición del bloque correísta al proyecto de Ley de Inversiones, propuesto por el presidente Guillermo Lasso, al que calificaron como «privatizador».

En su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Noboa actuó como asambleísta independiente, tras la desaparición del movimiento Ecuatoriano Unido, argumentando que dicho proyecto incluía una disposición establecida en la Constitución que prohíbe la delegación al sector privado de la administración de servicios gratuitos, como la salud, la seguridad y la educación.

«Una empresa privada no podrá cobrar a los usuarios por estos servicios; la empresa privada podrá prestar este servicio al Estado, y este último lo ofrecerá de forma gratuita a la ciudadanía», explicó el entonces asambleísta.

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