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Jun 23

Una denuncia contra Vera y Aguiñaga, que había sido archivada, se reabrió

El proceso regresa a primera instancia, pero no se trata de ningún tipo de juicio, aunque, eventualmente, podría terminar en destitución.

Las noticias coyunturales son aprovechadas por los desinformadores para crear contenidos sacados de contexto. 

Un ejemplo de esto es la publicación en Facebook, que asegura que Marcela Aguiñaga y Alembert Vera irán a juicio por hacer trampa, según el TCE.  Está información es engañosa y carece de información o evidencias. Y su titular tiene la clara intención de confundir a la audiencia al usar la palabra juicio, cuando esto no se trata de un juicio de ningún tipo. 

Ayer, en horas de la noche el Tribunal Contencioso Electoral resolvió admitir la apelación dentro del proceso de una denuncia presentada en contra de la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, y el presidente del Consejo de Participación (CPC), Alembert Vera. 

Con esta decisión, la causa regresará al despacho de la jueza Ivonne Coloma, que había archivado la causa. Ahora, ella deberá tramitar la causa, por infracción electoral.

“El Pleno del Tribunal consideró que no existe falta de requisitos obligatorios que impida continuar con la sustanciación de la causa; y, en consecuencia, resolvió devolver el expediente a la primera instancia, a fin de que continúe con el trámite procesal correspondiente”, asegura la sentencia. 

La denuncia fue presentada por Bernardo Jijón, el pasado 9 de mayo, y en ella señala a Aguiñaga por haber hecho campaña en redes sociales a favor de los candidatos correístas para el CPC, entre los que se encontraba Vera, actual presidente de la entidad.

Para las elecciones del 5 de febrero, desde el correísmo se hizo campaña por cinco candidatos, diciendo que aparecerían en las papeletas vestidos con una camisa color celeste, el mismo de la Revolución Ciudadana. 

Jijón asegura que Vera y Aguiñaga cometieron la infracción que está en el artículo 279 numeral 12 del Código de la Democracia, el cual menciona que las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 hasta 70 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

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