El Presidente, Guillermo Lasso, fue tajante en manifestar a los grupos sociales que no insistan en la derogación del decreto que revisa mensualmente este valor.
“Ese decreto es inamovible, no lo vamos a derogar y me parece que es una pérdida de tiempo insistir en aquello”, respondió el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante una entrevista a Ecuavisa, la noche del 1 de septiembre. Fue en referencia al Decreto 1183, expedido en el Gobierno de Lenín Moreno, el 4 de noviembre de 2020, que ajusta el precio de los combustibles el 11 de cada mes.
Desde noviembre de ese año, la Agencia de Regulación y Control de Energía fija los precios referenciales de los combustibles, que han sufrido incrementos mensuales.
Para sectores sociales como la Conaie y el FUT, este sistema atenta contra la economía de los hogares populares, especialmente de campo, y han presionado para que se derogue ese decreto y otros similares, relacionados con los combustibles, porque considera que ha incrementado el precio de los productos de primera necesidad.
En rueda de prensa del 4 de agosto, el presidente de la organización indígena, Leonidas Iza, dentro de la propuesta económica que planteó al Gobierno, exigió la derogatoria de los Decretos 1158, para la liberación de la importación de combustibles; del Decreto 1183, que faculta la fijación de precios de los combustibles; y del Decreto 1054, que establece el sistema de banda de precios.
El Frente Unitario de Trabajadores se unió al reclamo de la organización indígena y este sábado mantendrá su convención, en la que evaluarán la situación y la respuesta dada por el Gobierno en materia de combustibles, laboral y de seguridad social.
Las posiciones
Lasso aseguró que quienes se oponen a la vigencia de ese Decreto y los relacionados son quienes buscan generar conflictos y hacerles el juego a los narcotraficantes, a los ricos y a los contrabandistas, que no deben recibir ese subsidio, ya que debe estar dirigido a los más pobres.
Palabras que para Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, significan que la única alternativa que les queda es la movilización. Dijo que el sábado se definirá qué acciones concretas adoptarán junto a la Conaie y organizaciones estudiantiles. El dirigente sindical aseguró que están dispuestos al diálogo, pero que el Gobierno es quien no da muestra de apertura y cierra toda posibilidad de acercamiento. Agregó que así como Lasso insiste en no dar marcha atrás en el tema de los combustibles, ellos tampoco ceden para que se deroguen los decretos.
Los técnicos
Henry Llanes, experto en materia petrolera y cercano a los sectores sociales, manifestó que los decretos violan la Ley de Hidrocarburos y la Constitución de la República y perjudican económicamente al consumidor final. Agregó que, a partir de la vigencia de dichos decretos, las comercializadoras y distribuidores de combustibles son juez y parte, porque tienen la facultad de regular los precios de estos productos al consumidor, lo cual es —para él— ilegal e inconstitucional, porque el único que tiene la facultad de regular los precios y tarifas de los servicios públicos es el Estado. “La comercialización de los combustibles es un servicio público”, dijo.
Por su parte Luis Calero, analista petrolero, considera que tanto la posición del Gobierno como la de los sectores sociales es inconveniente. “Debe haber una solución intermedia; es decir, que se suspenda la vigencia del decreto hasta que se hagan los cálculos adecuados”, manifestó . El experto añadió que la revisión periódica de los precios de los combustibles para ajustarlos a los precios internacionales es parte del compromiso que el Gobierno de Moreno adquirió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el actual régimen mantiene ya que incumplirlo complicaría el esquema del organismo internacional con el país.
Sin embargo, Calero considera que no tiene sentido que el Gobierno manifieste que quienes piden la derogación del Decreto le hacen el juego a los narcotraficantes. “Los narcotraficantes no buscan combustibles baratos, ellos buscan combustibles a cualquier precio”, dijo.
En la proforma presupuestaria para el 2021 que presentó el Gobierno a la Asamblea consta que el subsidio a los combustibles le representan al Estado por sobre los 1.900 millones de dólares.
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