Desde el ámbito de los derechos humanos, penal y de seguridad, evalúan el plan oficial para retomar el control de las cárceles, del cual aún no se conocen detalles.
Desde iniciar el diálogo con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales hasta autorizar el ingreso de policía y militares de forma indefinida a las prisiones del país, son las propuestas que el presidente, Guillermo Lasso, anunció que pondrá en práctica para pacificar las cárceles, donde, en lo que va del año, se registran más de 300 reos asesinados.
Es el resultado de un encuentro que mantuvo el lunes con los titulares de las otras Funciones del Estado. Incluye el envío de propuestas de Ley para mejorar la normativa relacionada con el sistema penal o para garantizar el uso progresivo de la fuerza; indultos y el compromiso de entidades como la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura para agilizar los procesos que son de su competencia.
La asambleísta de CREO Ana Belén Cordero manifestó que es necesario que las distintas instituciones del Estado coordinen acciones para actuar de manera conjunta, de acuerdo al ámbito de sus competencias, en el sistema de rehabilitación social.
Mientras que el correísta Pabel Muñoz aseguró que uno de los problemas que tiene el Ejecutivo para afrontar el tema de seguridad es que tiene la gestión centralizada en el Ministerio de Gobierno, cuya titular, Alexandra Vela, a su vez, tiene que actuar como operadora política para dialogar con la Asamblea, como nexo con municipios y prefecturas, coordinar con gobernadores y atender la seguridad ciudadana, entre otras actividades.
En todo caso, la propuesta del Gobierno pasa por tres ejes: seguridad, reforma penal y derechos humanos. Ecuador Verifica entrevistó a tres expertos en esos temas para que evalúen la propuesta del Gobierno. Esto es lo que manifestaron.
DERECHOS HUMANOS:
‘No se habla de mejorar la calidad de vida’
Vianca Gavilanes, Fundación Equidad.
“No hay una respuesta a largo alcance para solucionar la problemática y la raíz de la crisis penitenciaria. Se habla de una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), de nuevos tipos penales para seguir castigando a las personas, cuando lo que se necesita es una profunda capacitación a fiscales, abogados, defensores públicos, que son los que están fallando en el día a día. El efecto de las medidas será que se profundice la precariedad, la criminalización de la pobreza, que no se soluciona a través de una política seguritista, que no se soluciona exigiendo a la Corte Constitucional que acepte que los militares entren a las cárceles. Estuvimos en Estado de Excepción, donde se realizaron requisas a los ciudadanos pero los sicariatos continuaron, así como la violencia en barrios marginales y periféricos, donde no va la Policía. El Gobierno habla de un diálogo, pero las personas privadas de libertad necesitan acciones concretas. En la reforma penitenciaria se eliminaron los comités de personas privadas de libertad, lo que evitó el diálogo que recién ahora el Gobierno quiere rescatar. Además, ¿con qué sectores se va a dialogar? ¿Con líderes, con cabecillas? O va a dialogar con las personas privadas de libertad que son víctimas de los grupos de poder. Lo mejor sería reactivar los comités de internos, que eran democráticos incluso dentro de la prisión. No se ha dicho nada con relación a mejorar la calidad de vida. No han dicho que la comunicación entre los detenidos y sus familias y abogados sea efectiva 24/7 los 365 días del año. No vemos propuestas de este tipo y nos entregan una narrativa de que necesitamos que los militares estén en la ciudad, cuando lo que se necesita es que se brinden servicios en la prisión, que tengan mejor calidad de vida”.
SEGURIDAD:
‘Haciendo lo mismo, no se cambiarán los resultados’
Mario Carrillo, experto en seguridad, exdirector de la cárcel regional de Latacunga.
“Hay que innovar, haciendo lo mismo no se van a cambiar los resultados; hay que corregir. Lo que existe en el país son centros de privación de libertad, no centros de rehabilitación social. La fuerza pública está atada de pies y manos, hay que darle la normativa adecuada para que pueda actuar; hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en el que dice que las Fuerzas Armadas no pueden ingresar; ahora lo están haciendo pero qué va a pasar cuando se autorice el uso progresivo de la fuerza. Vale recordar que hay 37 policías sentenciados por uso excesivo de la fuerza en la cárcel de Turi (Cuenca). Esos detalles son lo que ahora estamos cosechando. En lo operativo, no se debe dar la responsabilidad de la seguridad de los centros penitenciarios a una sola fuerza. Me refiero a que en los filtros está la Policía, en el control de cámaras lo mismo, inteligencia a cargo de la Policía ¿Se va a detectar algo cuando estamos bajo una gran amenaza transnacional que mueve millones de dólares? Los filtros deberían estar a cargo de equipos multidisciplinarios, de manera que sean más difíciles de corromper. Dicen que los pabellones son de máxima, de mediana y de mínima seguridad, pero, en realidad, son lo mismo. Mismo filtro, mismos procesos, misma cantidad de policías, cuando deberían ser diferentes, con características propias. Además, los centros de detención provisional no pueden estar dentro de los centros de privación de libertad, ya que no se puede mezclar infractores con delincuentes o con sentenciados porque se contaminan”.
REFORMA LEGAL
‘Es necesaria la asesoría internacional’
Leonardo Tipán, abogado especializado en materia penal
“En términos generales, se está haciendo lo mismo que hizo el Gobierno de Lenín Moreno, con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía. Pero se nota que no hay labores de inteligencia que corten de raíz la delincuencia organizada que está operando en el país. Están proponiendo soluciones superficiales, pero no hay una intervención de fondo. Sorprende que en la cadena, el Presidente haya manifestado que recién se va a tipificar la autoría por dominio de organización, cuando la autoría mediata ya consta en el Código Integral Penal, lo que deja mucho por desear. El que luego haya reconocido que ya existe esa figura penal resulta vergonzoso porque lo dijo en cadena nacional. Lo que ahora tiene que hacer el Presidente es buscar un cuerpo de asesores internacionales especialistas en el sistema penitenciario, se puede solicitar asesoría en el manejo de cárceles a Estados Unidos. Lo que debería plantearse en un proyecto de Ley para fortalecer el Código Penitenciario, que está redactado de manera general y no de manera específica”.
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