Hay varias condiciones para acceder a estos beneficios ofrecidos por el Gobierno para reducir el hacinamiento carcelario.
El Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI) está cruzando información con otras instituciones, para recién definir cuántos presos podrán beneficiarse de los indultos que otorgará el presidente, Guillermo Lasso, para reducir el hacinamiento carcelario. Es una de las medidas que aplica el Gobierno para pacificar las prisiones, donde en lo que va del año se han registrado más de 300 reos asesinados, lo que obligó a la participación de policías y militares en los controles externos.
El lunes 22 de noviembre, el primer mandatario firmó los decretos 264 y 265. A través del primero, se concede el indulto presidencial a favor de todo preso que haya sido sentenciado por las infracciones previstas en los artículos 383 o 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 383 sanciona a la persona que conduce un vehículo con llantas lisas o en mal estado. La pena va de cinco a 15 días de prisión. En el caso del transporte público la pena es el doble.
El artículo 386 sanciona con tres días de prisión a la persona que conduce sin haber obtenido licencia, al conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito, o al conductor que con un vehículo que exceda los límites de velocidad. Como el Presidente hizo esta oferta el 22 de noviembre, muchos de estos reos recuperarán su libertad sin la necesidad de que las promesas oficiales se cumplan.
El indulto consiste en el perdón total de la pena de prisión, pero no extingue la obligación de la reparación integral que cada uno de los beneficiarios del indulto tenga a su cargo, incluyendo las pecuniarias. Tampoco se extinguen las multas u otras penas no privativas de libertad impuestas mediante sentencia ejecutoriada.
Para acceder al indulto el detenido debe tener sentencia condenatoria ejecutoriada por una de las infracciones detalladas anteriormente y no tener procesos penales pendientes en su contra.
El SNAI deberá verificar la identidad de los internos que cumplen con los requisitos y remitir el informe a la autoridad judicial competente para que proceda a la excarcelación.
El decreto 265
A través de este documento se concede el indulto a los presos con enfermedades catastróficas, terminales, tuberculosis, o que sufran de coinfección TB-VIH. Para acceder al indulto deben tener sentencia condenatoria ejecutoriada y no tener procesos penales pendientes en su contra.
A pesar de sufrir una de esas enfermedades, no se concederá el indulto si el detenido está condenado por delitos imprescriptibles contemplados en los artículos 80 y 233 de la Constitución. Estos son: genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada; tortura, tratos crueles o grave violación a los Derechos Humanos; secuestro; trata de personas; delitos contra la inviolabilidad de la vida; contra la integridad personal; violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar; contra la libertad personal; contra la integridad sexual y reproductiva; peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, usurpación y simulación de funciones públicas y testaferrismo; enriquecimiento privado no justificado; lavado de activos; captación ilegal de dinero; extorsión; delincuencia organizada o asociación ilícita.
El Ministerio de Salud brindará la información y soporte que sean necesarios al SNAI para cumplir con el indulto.
Las estadísticas
El SNAI no tiene la cifra de a cuántos reos le llegará el indulto. El 1 de octubre de este año, el entonces director del organismo, Bolívar Garzón, aseguraba que se iban a tramitar cerca de 2.000 indultos para personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad y enfermos terminales.
🔴#URGENTE l El director del @SNAI_Ec, @Garzon1Bolivar, detalló las medidas que tomarán para reestructurar el sistema penitenciario del país. Entre las medidas, construirán infraestructura penitenciaria para disminuir el hacinamiento y tramitarán entre 2 mil indultos.
Escucha⬇️ pic.twitter.com/HGMDTGRRBx
— NotiMundo (@notimundoec) October 1, 2021
El 7 de octubre compareció ante la Asamblea y a esa fecha, poco más de un mes, la población penitenciaria llegaba a 38.186 presos. De ellos, 35.707 son hombres y 2.479 mujeres. Se registraron también 313 adolescentes infractores. Por delitos diversos estaban detenidas 37.100 personas, 544 por apremio, 542 por contravenciones. El total de sentenciados era de 22.297 internos, el 60,1%; 14.803 procesados, casi el 40% sin sentencia.
El diagnóstico del sistema penitenciario, una investigación de la UDLA y de Kaleidos, señala que el 39,3% del total de varones detenidos se encuentran entre los 18 a 29 años, seguido por 31,18% de personas entre 30 a 39 años, 16,32% entre 40 a 49 años y 6,98% entre 50 a 59 años.
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