La Contraloría determinó que el Presidente de la República no tiene bienes en paraísos fiscales; la Asamblea le exhorta a que vaya a una sesión del pleno.
Fue un día victorioso para el Presidente de la República, Guillermo Lasso, en relación al complejo tema de los Papeles de Pandora y su posible vinculación a paraísos fiscales. Por un lado, la Contraloría informó que archivó la investigación ya que se comprobó que Lasso no tiene vínculos con empresas offshore.
Por otro lado, en la Asamblea, donde el correísmo agotaba todas sus municiones para responsabilizarlo de una grave conmoción interna, que es causal de destitución, se bloqueó esa posibilidad y la Legislatura terminó por aprobar un exhorto, que no tiene carácter mandatorio, para que asista a una sesión del pleno a responder preguntas de los legisladores.
El ambiente en la Asamblea
El correísmo, representado en la Asamblea por el bloque UNES, había negado hasta el cansancio que tenga afanes desestabilizadores a partir del informe de los Papeles de Pandora. Decían sentirse indignados cuando se les mencionaba si lo que buscaban era la destitución del Presidente de la República en base a un informe que fue cuestionado en el seno de la propia Comisión de Garantías Constitucionales, donde se elaboró el documento. Un informe en el que no había certezas de nada de lo que acusaban a Lasso.
Pero las verdaderas intenciones salieron a la luz tras el debate del informe en el pleno. Paola Cabezas, jefe de la bancada correísta, fue la primera en mocionar un proyecto de resolución cuyo artículo 1 señalaba: “…proceder a la destitución del Presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna derivada por la revelación de 600 periodistas a nivel mundial pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el caso Pandora Papers, en el cual se encuentra involucrado el señor Guillermo Lasso Mendoza quien por su condición de servidor público no debe mantener propiedad ni directa ni indirecta sobre bienes o dineros en paraísos fiscales…”.
De 70 votos que se necesitan para probar una resolución, la propuesta correísta obtuvo 51 votos a favor, todos los de su banca más unos pocos independientes; siete abstenciones, principalmente de Pachakutik y 77 en contra, del resto de bloques.
Luego se votó la moción de Fernando Cabascango (PK), presidente de la Comisión, que proponía, contrario a lo que mencionaba en las resoluciones del informe que él mismo elaboró, que se convoque a Lasso, en un plazo no mayor a 30 días, a una sesión del Pleno a que explique sus posibles vinculaciones con paraísos fiscales. Moción que tampoco pasó al obtener solo 61 votos de respaldo, de UNES y de un sector de Pachakutik.
A la tercera la vencida
Fue Alejandro Jaramillo, jefe de bloque de la Izquierda Democrática, el que entregó una tercera moción que esta vez sí fue aprobada con 82 votos a favor, 33 negativos y 20 abstenciones, Entre los votos positivos constan los de la Izquierda Democrática, de Pachakutik y de UNES.
Jaramillo propuso que se exhorte al Presidente de la República que acuda a una sesión del Pleno de la Asamblea, a fin de que explique su posible vinculación, directa e indirecta, sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales. Como segundo punto que se disponga a las autoridades de control que revisen las cuentas bancarias, participaciones societarias y fiduciarias, propiedades, declaraciones de impuestos y patrimoniales de Lasso con relación a los Papeles de Pandora; y, tercero, remitir el informe y el expediente elaborado por la Comisión Garantías Constitucionales a los entes de control para que inicien las acciones correspondientes de ser el caso, y remitan a la Presidenta de la Asamblea los avances de los correspondientes informes en un plazo de 30 días, durante un año, contado a partir de la resolución.
En la Contraloría
Lasso también obtuvo una importante victoria en el ámbito de auditoría relacionado con este caso. La Contraloría determinó que al 23 de septiembre de 2020, fecha en que inscribió su candidatura; y al 24 de mayo de 2021, cuando se posesionó en el cargo, no era propietario directo ni indirecto en bienes o capitales en jurisdicciones considerados paraísos fiscales. La Contraloría, tras este proceso, archivó la investigación, tras haber cumplido con el examen especial sobre un posible incumplimiento de la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular de 2017, que prohíbe a candidatos de elección popular y a funcionarios públicos, tener empresas offshore.
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