Ene 07

Recién el 11 de enero la Conaie decidirá sobre movilizaciones

Iza dijo que se evaluará la conveniencia de las movilizaciones, a causa de la pandemia, las nuevas variantes, porque tampoco se pueden poner en riesgo a la población.

En Facebook se publicó un contenido que asegura que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, anunció que no habrá paro en contra del Gobierno del presidente, Guillermo Lasso.

En la descripción de la publicación se menciona que se suspenderán las protestas supuestamente por el crecimiento de la pandemia.

La información es imprecisa; en primer lugar, porque en el país no se ha convocado a un paro, que implica una paralización de actividades, sino que se ha llamado a una movilización nacional desde los gremios sociales.

En segundo lugar, porque lo que dijo Iza fue que se analizará la pertinencia de la movilización planificada, debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19.

«Lo único que queda es valorar el tema de la pandemia, justamente por estas nuevas variantes. Vamos a hacer la valoración objetiva, tampoco podemos poner en riesgo», explicó Leonidas Iza en una entrevista para Ecuavisa.

El Presidente de la Conaie agregó que la organización no puede pasar por alto la nueva ola de contagios por Covid-19 por la que atraviesa el país.  

Iza enfatizó que sus razones principales son la negativa del Presidente de bajar el precio de los combustibles.

Sin embargo, desde otras organizaciones sociales sí han manifestado que se preparan para una movilización nacional el 19 de enero de 2022.

En esta jornada de movilizaciones se exige al Gobierno respuestas sobre el incremento de los precios de los combustibles, la política laboral y la deuda con el Instituto de Seguridad Social (IESS), así lo informó El Universo.

La marcha nacional fue convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en las que las exigencias tienen que ver con el incremento de los precios de los combustibles, la privatización de las empresas públicas; la deuda que mantiene el Estado con el IESS y la implementación de una política laboral.