El 6 de agosto circuló en redes sociales un comunicado de la asambleísta socialcristiana Soledad Diab con el título ¿Acaso no es para dudar? En ese mensaje se refiere al informe de la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político al excontralor Pablo Celi, que no pudo ser aprobado en esa mesa ya que no se entregó a tiempo la solicitud de prórroga para hacerlo.
El contenido es impreciso ya que, a pesar de ese error, el pleno será el que decida si hay o no hay juicio político contra el ex funcionario. Así lo establece la Ley de la Función Legislativa ya que en el tercer inciso del Artículo 82 señala: “De no aprobarse el informe dentro de los plazos previstos el Presidente de la Comisión remitirá, en el plazo de dos días, a la o el Presidente de la Asamblea Nacional, las actas de votación correspondientes y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión para que sea el Pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político”. El informe con la postura de los legisladores fue entregado el 5 de agosto por parte del presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio. Este miércoles será el pleno el que defina la situación política del excontralor.
Algunos cercanos a grupos delincuenciales quisieran perpetuar el silencio, pero el #juiciopolítico a #PabloCeli va. Aunque tiemble toda la clase política del #Ecuador, con este expediente defendemos la verdad. pic.twitter.com/TYnpKHE5Rp
— Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) August 6, 2021
Lo que sí ocurrió es que la Comisión echó la culpa de este error a la entonces secretaria, Sharon Jiménez, quien el 8 de agosto remitió a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, su renuncia. Días antes, Jiménez había asumido la responsabilidad total. Jiménez es coidearia de Villavicencio. En las últimas elecciones participó como candidata a asambleísta por Pichincha en representación de la Alianza Honestidad, que también auspició a Villavicencio, pero no logró una curul.
El asambleísta Pedro Velasco manifestó que el proceso debe continuar en el pleno en base a las posturas que por escritos han presentado los integrantes de la Comisión de Fiscalización.
La Ley de la Función Legislativa señala que, si el informe se refiere a las actas y las posiciones de los legisladores por no haberse aprobado el informe que recomiende el archivo o el juicio político, el Pleno de la Asamblea previa moción motivada de cualquier legisladora o legislador, podrá resolver el archivo del trámite o el juicio político para lo cual requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes (mitad más uno de los presentes en la sesión).
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