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Ago 24

Denuncias de gestión de cargos públicos a cambio de coimas se mantienen en la Asamblea

Los 100 primeros días de gestión de la Asamblea se ven envueltos en denuncias de corrupción en este poder del Estado. El más reciente lo protagoniza la asambleísta Bella Jiménez, segunda vicepresidenta de la Legislatura, que hasta el viernes formaba parte de la bancada de la Izquierda Democrática. La asambleísta por Guayas tiene hoy dos denuncias en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y en la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.

La primera alerta al respecto fue dada por el portal Periodismo de Investigación y lahistoria.ec. El 20 de agosto publicó que el hijo de la legisladora, Jorge Peláez Jiménez, había recibido el 26 de abril una transferencia interbancaria por 3.000 dólares de parte de una persona interesada en trabajar en la nueva Asamblea. La vinculación a la Asamblea no se concretó, pero el afectado tampoco pudo recuperar el dinero que pagó, según el portal. Eso no era todo, también habría gestionado cargos en otras instituciones del Estado. Acompaña la información documentos y chats.


La reacción de la Izquierda Democrática no se hizo esperar. Su jefe de bancada, Alejandro Jaramillo, puso la denuncia ante el CAL para que sea investigada por el Comité de Ética de la Asamblea y de encontrarla culpable que sea destituida del parlamento.

A la par, la Izquierda Democrática procedió a expulsarla del partido y el presidente nacional de la agrupación, Guillermo Herrera, se disculpó ante el país por haberla escogido como candidata por Guayas en las últimas elecciones. Herrera ofreció que para próximos procesos electorales serán más meticulosos y cuidadosos en seleccionar a sus candidatos para evitar que se repitan estos hechos.

Sin embargo, la denunciada, a través de un comunicado en su cuenta Twitter, manifestó que la Izquierda Democrática no le había dado el derecho a la defensa y que le había acusado de supuestos actos de corrupción afectando su honor, por lo que había presentado su desafiliación de dicho partido político. 

Al mismo tiempo, en otro comunicado público, aseguró que alguno de sus asesores, a los que llamó infiltrados, habían hecho mal uso de sus equipos de comunicación personal y se aprovecharon de sus cargos para beneficio personal.

La relación entre Jiménez y la Izquierda Democrática estaba rota definitivamente. En medio de este panorama Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, acudió a la Fiscalía a rendir versión previa dentro de la indagación que se abrió contra Jiménez.

Este lunes 23 de agosto los problemas para la segunda vicepresidenta de la Legislatura se sumaron. El bloque correísta de UNES puso otra denuncia en su contra ante el CAL. Victoria Desintonio, integrante de esa bancada, aseguró que Jiménez había cobrado 6.000 dólares a Scarlett Lindao Figueroa por vincularle a su despacho por cuatro años. Según la denuncia por concusión que se presentó ante la Fiscalía, de ese monto, 2.500 dólares habían sido cobrados por Steven Jiménez, hermano de la denunciada. Lindao había sido contratada el 18 de mayo y desvinculada del cargo el 26 de junio.

Un mal permanente 

Las denuncias de corrupción en la Asamblea cobraron fuerza en el periodo 2017 – 2021. El caso más sonado fue el protagonizado por los entonces legisladores Daniel Mendoza de la bancada de PAIS; y Eliseo Azuero, del BADI. Los dos están procesados judicialmente por corrupción relacionada con la fallida construcción del Hospital de Pedernales y durante el proceso se evidenció el cobro de coimas.

Una nota de El Comercio, del 14 de septiembre de 2020, recoge la versión que dio Mendoza ante las autoridades. Los dos legisladores renunciaron a sus curules. Mendoza está detenido cumpliendo una condena de cuatro años y dos meses por el delito de delincuencia organizada. Azuero, en el mismo caso, está llamado a juicio, pero como se encuentra prófugo de la justicia el proceso está suspendido ya que es un delito que  no se puede juzgar en ausencia. Otros casos que se presentaron en la anterior Asamblea son los de Ana Galarza, de CREO, destituida por presunta  gestión de cargo público; Norma Vallejo (PAIS), por presunto cobro de “diezmos” a sus colaboradores a cambio de mantenerlos en sus cargos; Fabricio Villamar (independiente) por irregularidades en la obtención de su carné de discapacidad.

Además, durante ese periodo fue destituido de la presidencia de la Asamblea, no de la curul, José Serrano (PAIS), tras difundirse un audio en el que conversaba con Carlos Pólit, excontralor prófugo de la justicia, sobre “bajarse” del cargo al entonces fiscal general Carlos Baca. 

Esto llevó a que la anterior Asamblea termine su gestión con el 10,7% de aprobación a su gestión, según una encuesta de Cedatos. 

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