Los legisladores, en cambio, se dedicaron a encontrar culpables de la inseguridad y de la violencia en las cárceles.
Largos diagnósticos y cifras sobre la violencia ciudadana y la inseguridad que vive el país, por parte de las autoridades del área de seguridad del Gobierno. Apasionados discursos sobre de quién es la culpa y de lo que se debería hacer frente a esa situación por parte de los asambleístas.
Eso es lo que se vivió la mañana y tarde de ayer durante la comparecencia al Pleno de la Asamblea de Alexandra Vela, ministra de Gobierno; Tannya Varela, comandante de Policía; Bolívar Garzón, director del SNAI; y de Jorge Cabrera, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Resultados concretos para salir de esa crisis? Ninguno. ¿Una hoja de ruta? Nada. ¿Acercamientos para trabajar en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo para formular políticas públicas? Menos.
Mientras Vela y Varela, por la naturaleza de sus cargos, se enfocaron en el diagnóstico de la inseguridad ciudadana en general, y por ahí topar de “refilón” la crisis carcelaria, los asambleístas prefirieron, en su mayoría, enfocarse en la última masacre ocurrida el 29 de septiembre en la Penitenciaría del Litoral, en buscar responsables políticos y aventurar posibles soluciones.
En tanto que Garzón, ni un mes en el cargo, no hizo más que informar de manera resumida los que ya todos saben que ocurrió en las cárceles en los últimos meses, las cifras del sistema de rehabilitación. Lo nuevo fue que solicitó una ley que rija la rehabilitación social, ya que el COIP, que les norma, es más punitivo. Y su discurso cerró recitando su amplio currículum militar.
En cambio Cabrera, en la intervención más corta de todas, se limitó a informar de los operativos cumplidos en el ámbito de competencia de los militares para combatir el narcotráfico y la siembra ilegal de cultivos.
Las autoridades
La Ministra de Gobierno aseguró que se debe descartar una violencia generalizada y que sólo ocho zonas del país concentran el 84% de los hechos de violencia criminal. Violencia que se centra en Guayaquil y Quito, la subzona Guayas, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí; y, además, en las cárceles. Aseguró también que, entre enero y septiembre de este año, se registraron 1.742 homicidios de carácter intencional, que corresponden a una tasa de 9,7 por cada 100 mil habitantes y que el 61% de estos eventos corresponde a violencia criminal.
Como parte de este diagnóstico, Vela aseguró que el narcotráfico va creciendo en el país y que detrás de esa actividad están bandas internacionales que promueven la violencia. Esa delincuencia transnacional, afirmó, amenaza la seguridad del Estado, ya que tiene capacidad de expansión, se inserta en la economía y en las instituciones a través de lógicas de corrupción, infiltración y cooptación.
Actividad y poder ilegal trasnacional que no se dedica únicamente al narcotráfico, sino que se vincula a la minería ilegal y la trata de personas.
Los legisladores
El oficialista Diego Ordóñez dijo que se ha reflejado un escenario de alta criminalidad en el Ecuador, que está bien organizada y es compleja, por lo que deben ser enfrentadas de forma responsable. Aseguró que la normativa aprobada en el correísmo limita el combate a la delincuencia, por lo que era necesario una reforma para que el Estado retome la fuerza.
La asambleísta de UNES Patricia Núñez dijo que la crisis carcelaria no puede ser mirada con indiferencia. Núñez opinó que no hay una respuesta efectiva del Gobierno frente a la crisis, ya que le falta voluntad política y conocimiento técnico.
Para Ramiro Narváez (ID) lo que dijeron las autoridades ya lo habían escuchado antes en otras comparecencias a comisiones. De su lado, recomendó que haya más trabajo interinstitucional, que se establezca una política criminal, y que haya una respuesta oportuna de las autoridades. En cambio, Esteban Torres (PSC) considera que es necesario pensar en la posibilidad de concesionar o compartir la responsabilidad del manejo de las cárceles.
Los resultados
Con 92 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución en los siguientes términos.
- Conminar al Presidente de la República para que la Policía y las Fuerzas Armadas trabajen de forma conjunta con el SNAI en la crisis carcelaria.
- Que la Comisión de Seguridad de la Asamblea, en sus resoluciones, emita acciones para que las Fuerzas Armadas apoyen el control de armas.
- Que la mencionada comisión elabore un informe sobre si existe presencia de la Policía y Fuerzas Armadas en las fronteras del país para realizar control de armas para la convivencia pacífica.
- Recomendar al Presidente de la República y la Fiscal General que los procedimientos para la identificación de cadáveres en las cárceles por muertes violentas observen protocolos internacionales.
- Que el organismo de rehabilitación social elabore un informe técnico consolidado sobre el procedimiento utilizado para el levantamiento de cadáveres en las cárceles del país.
- Que la Comisión elabore un informe sobre la aplicación de los protocolos para prevenir la tortura y tratos crueles en las cárceles.
- Que el Gobierno invite a la CIDH para que realice una visita de investigación y elabore un informe sobre la situación de Derechos Humanos en las cárceles.
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