Una publicación sugiere que se ha pedido esta medida por la posición de Salazar sobre INA Papers y sobre los Papeles de Pandora, pero esto es falso.
Un contenido en Facebook señala que piden que se inicie un juicio político por incumplimiento de funciones para la fiscal general, Diana Salazar. “Cuatro años de Ina Papers y no ha movido un solo documento. Ahora por Pandora Papers no se ha pronunciado”, asegura la publicación. La información sobre que se quiera iniciar un juicio político contra ella es falsa.
Ecuador Verifica realizó la búsqueda y no se encontró ningún resultado. Desde la Asamblea Nacional se informó que este contenido es falso y que no existe dicho pedido.
Pero ¿a qué se refiere el caso Ina Papers?
El 24 de junio de 2021, el portal digital Primicias informó que la Fiscal dijo el 24 de junio que avanzan las investigaciones en el caso de Ina Papers y que lo calificó como preocupante y alarmante. En 2019 se conoció esa investigación, que afirmó que Lenín Moreno tenía vínculos a través de su hermano con la empresa offshore INA Investment.
En este mismo medio, se informa que en este caso se señalaba que una de las personas cercanas a Moreno intercedió para la adjudicación de la obra Coca Codo Sinclair. Por ello, recibió dinero, que se depositó en una cuenta offshore en Panamá. “Esto va mucho más allá, ya que tiene relación con un proyecto emblemático que se hizo en Ecuador. Se encuentra en investigación previa, no puedo dar detalles”, sostuvo.
Y ¿qué es Pandora Papers?
El 3 de octubre de 2021, El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó una investigación periodística denominada Papeles de Pandora, en la que se reveló que el presidente Lasso tuvo vínculos con 14 compañías offshore y fideicomisos de Panamá.
Esta investigación afirma que Lasso disolvió 12. Además, sobre las otras dos empresas, que ahora estarían en Estados Unidos, Lasso ha dicho que no tiene relación con ellas. El primer mandatario habría eliminado esas compañías antes de ser candidato a la Presidencia y después de que, en 2017 se aprobó una ley que prohíbe que los funcionarios públicos y los candidatos tengan sociedades en paraísos fiscales.
Actualmente, la Asamblea Nacional informó que la Comisión de Garantías Constitucionales está a cargo de la investigación.
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