Varios sectores legislativos aseguran que no se comprobó que Lasso haya incurrido en ilegalidades o que se haya generado grave conmoción interna.
Tras la aprobación del informe sobre los Papeles de Pandora, que impulsó la mayoría correísta y de Pachakutik de la la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, se multiplican los cuestionamientos a su contenido y, sobre todo, a la “recomendación” que establece que se ha verificado que el presidente de la República, Guillermo Lasso, inobservó la normativa que prohíbe a candidatos y servidores públicos mantener bienes y recursos en paraísos fiscales.
En un comunicado difundido a través de las redes sociales de sus instituciones, el Gobierno afirma que está claro que existe una conspiración para desestabilizar al “sistema que dio su confianza al Presidente elegido por la mayoría de ecuatorianos en las urnas”.
Pierde peso en la Asamblea
La bancada oficialista, a través de su presidente, el asambleísta Juan Fernando Flores, aseguró que detrás del informe está la bancada de UNES, que pretende la destitución del Primer Mandatario, pero que el oficialismo defenderá la democracia y la institucionalidad del país. “Si creyeron y pretendieron que la Asamblea sea el espacio para jugar con la democracia, se equivocaron”, dijo, y agradeció el pronunciamiento de otras bancadas que han cuestionado el informe.
Por ejemplo, el Partido Social Cristiano, emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que, a pesar de rectificar su oposición a la política económica del Gobierno, advierte que los Papeles de Pandora pueden traer consecuencias no solo para Lasso, sino también para todos los ecuatorianos.
Al analizar el informe, el Partido dice que en varias partes se refiere a un supuesto caso de conmoción interna, que no es aplicable en este caso como causal para una posible destitución del Presidente. “Lo que sí puede hacer el Pleno de la Asamblea es remitir, de considerar que existen méritos, a las autoridades y organismos competentes la respectiva documentación para que actúen conforme a derecho”, consta en el comunicado.
Por su parte, el jefe de bloque de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, recordó que la Fiscalía abrió una investigación previa sobre este caso y que es la instancia que debe determinar si hubo o no un delito. Aseguró que su partido no se prestará para perseguir a nadie, ya que el país necesita estabilidad para generar empleo. “Si hubo o no conmoción interna es un criterio subjetivo”, aseguró el legislador.
Pachakutik siempre dividido
La bancada del Movimiento Pachakutik repite la división interna que ya ha experimentado en otros casos. Cuando se votó el informe en la Comisión, tres legisladores de este movimiento votaron a favor: Fernando Cabascango, Mario Ruiz y Édgar Quezada; mientras que Sofía Sanchez se abstuvo.
Sin embargo, Quezada aseguró después que el informe final fue modificado a último segundo por Cabascango, sin consultar al resto de los integrantes de la Comisión que pertenecen a Pachakutik, de lo que se dio cuenta después y se obtuvo en la reconsideración de la votación.
Aseguró que no hay una justificación para que en el informe conste la conmoción social y tampoco constaba en el informe borrador el hecho de que se ha verificado que Lasso inobservó la normativa del pacto ético. Agregó que el equipo de Pachakutik, incluidos los cuatro legisladores, habían resuelto que sea el Pleno el que resuelva el tratamiento que se le daba al caso, ya que no hay un solo documento que confirme tal recomendación. Otra crítica de la misma bancada al informe la emitió el legislador Ricardo Vanegas, quien aseguró que el documento está indebidamente motivado y con base a supuestos hace conclusiones y recomendaciones contradictorias. “No hay elementos para un proceso de destitución”, asegura el legislador.
Sólo la bancada correísta de UNES defiende el informe de la Comisión y critica al Gobierno por no aclarar lo que consta en el documento o desmentir la información.
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