Un informe de mayoría y otro de minoría es lo que la Comisión de Garantías Constitucionales entregó en un solo documento.
El primer vicepresidente de la Asamblea e integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, Virgilio Saquicela (BAN), ve difícil que el informe de mayoría que aprobó esta Mesa sobre el caso Papeles de Pandora logre en el Pleno los 70 votos que se requieren para que sea aprobado.
Como punto principal, el informe de mayoría establece que se ha verificado que el presidente, Guillermo Lasso, incumplió el pacto ético que impide a candidatos tener propiedades en paraísos fiscales lo que, a interpretación de esa mayoría, genera grave conmoción social, una de las causales contempladas en la Constitución para destituir al mandatario.
El informe de minoría
Saquicela asegura que en la investigación realizada no existe un solo dato concreto, ni prueba alguna de la vinculación de Lasso con empresas offshore a la época en que inscribió su candidatura presidencial. “Para mi concepto (la investigación) deberá ser archivada por el Pleno”, manifestó. Esa es la principal recomendación que consta en el informe de minoría, que se adjuntó en un solo oficio —con el de mayoría— para que sea tratado por el Pleno, y que está suscrito por Saquicela y por el legislador Gruber Zambrano (ex PSC).
Entre las conclusiones que constan en el informe de minoría están:
- Que la Comisión de Garantías Constitucionales no debió aceptar este caso, ya que la investigación la había iniciado la de Fiscalización, con lo que invadió competencia.
- Asegura que la Comisión no puede alegar la trasgresión de una norma que no se encontraba vigente.
- La investigación no puede revisar hechos o situaciones jurídicas ya resueltas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en su calidad de máximo órgano de decisión electoral, ya que esto implicaría, además de una intromisión arbitraria, arrogación de funciones. En su momento, el TCE validó la candidatura de Lasso.
- No existe violación a la ley de aplicación de la consulta popular, ya que no se ha logrado identificar de manera clara e inequívoca que el hoy Presidente de la República sea propietario directo o indirecto de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales.
- Las personas sujetas a control político son únicamente los servidores públicos de las distintas Funciones del Estado, por lo tanto, las “personas relacionadas al investigado” no tenían ni tienen la obligación legal o moral de comparecer en la Comisión.
- De la ejecución del cronograma aprobado por la Comisión no se obtuvieron suficientes sustentos legales o documentales que demuestren fehacientemente el vínculo entre el investigado y la causa de la investigación; es decir, la pobre ejecución del cronograma, sumada a la poca información entregada por los comparecientes merman tanto la calidad del informe como las pocas conclusiones que se puedan obtener de esta, por lo que la investigación puede ser considerada como deficiente.
- No existe causa legal que autorice a la Asamblea para proceder tanto con la destitución como el enjuiciamiento político del primer mandatario, al no configurarse ninguna de las causales establecidas en los artículos 129 y 130 de la Constitución. Además, la resolución del Pleno se equivoca al incorporar el término “conmoción social” ya que a la fecha no ha podido establecer tal hecho, más bien lo que se evidencia es la intención de legitimar una situación por demás inexistente.
- Al no existir información o documentación que respalden el ejercicio del control político por parte de la Asamblea, la competencia para determinar el cometimiento de cualquier infracción adicional corresponde estrictamente a la Fiscalía General y a la Contraloría.
Cambio de último minuto
La asambleísta de Pachakutik, Sofía Sánchez, integrante de la Comisión, confirmó que la recomendación número 1 que consta en el informe de mayoría sobre el incumplimiento del pacto ético y la grave conmoción interna no fue lo que se acordó entre los miembros de su bancada antes de la aprobación del informe, por lo que, si no se modifica la resolución, difícilmente dará su voto en el Pleno. “Caso contrario, estaríamos hablando de dos posiciones (en PK): los que apoyan el informe como quedó y los que no estamos de acuerdo al menos en el punto uno”, dijo. Ese cambio de última hora fue denunciado ayer por Édgar Quezada (PK).
Mientras tanto, el jefe de bancada de CREO, Juan Fernando Flores, aseguró que al menos seis asambleístas del PK tienen intenciones de acercarse al bloque correísta, y lo han reflejado en votaciones anteriores. “Realmente no es nuevo, no es sorpresa. Ellos deberán responder, no a nosotros, sino al pueblo ecuatoriano y, especialmente, a quienes votaron por ellos”, manifestó Flores.
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