Las instituciones del Estado defienden su actuación en el manejo de la crisis carcelaria. Lasso anunció seis puntos tras una reunión conjunta.
Siete puntos concretos es lo que aplicará el Gobierno para intentar superar la crisis carcelaria que el fin de semana dejó más de 60 asesinados en la Penitenciaría del Litoral. Luego de una reunión que mantuvo con titulares de otras funciones del Estado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, atribuyó estos hechos a los ataques de la mafias del narcotráfico que pretenden tomar control de las cárceles. En ese sentido, las Funciones del Estado elaboraron un acuerdo nacional por la crisis penitenciaria que implica:
- Iniciar los procesos de pacificación a través del diálogo, bajo el respeto de los Derechos Humanos y con el apoyo de la sociedad civil y de organismos internacionales.
- Enviar un proyecto de Ley de defensa ciudadana elaborado por el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General.
- El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia coordinarán acciones para tramitar de manera ágil los beneficios penitenciarios contemplados en la Ley.
- Se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida.
- El Consejo de Participación Ciudadana promoverá mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, incluyendo un proceso de reparación integral a las familias afectadas.
- Se tramitarán indultos a ciudadanos que tengan enfermedades catastróficas que se encuentren en las cárceles .
- La Fiscalía contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos.
La reunión se cumplió en Guayaquil, entre Lasso y los representantes de la funciones del Estado, para abordar la crisis carcelaria. A la reunión asistieron Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea; Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia; Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional; María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura; Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana; Diana Salazar, fiscal general, entre otros. La reunión tuvo el carácter de reservada y el objetivo fue analizar a profundidad la crisis y tomar decisiones en conjunto.
En la noche, en cadena nacional, ratificó los acuerdos logrados entre las autoridades del Estado y agregó que no se puede negar que se vive las consecuencias de la politización y corrupción de la seguridad ciudadana. «Entregaron deliberadamente territorios a bandas delictivas para que operaran de manera impune», aseguró. En ese sentido informó que asumirá la coordinación nacional de las fuerzas del orden y que la seguridad ciudadana pasa a ser la prioridad número uno de su gestión, tal como lo fue en su momento el proceso de vacunación contra el coronavirus.
La forma de combatir la violencia en las cárceles y de garantizar la seguridad ciudadana, explicó el Presidente, será a través de una reestructuración y coordinación de todas las entidades públicas relacionadas con el sistema nacional de rehabilitación social, de la aprobación de normas para el uso progresivo de la fuerza para dotar a la fuerza pública de las herramientas necesarias para combatir la violencia. Con esa misma normativa se buscará combatir a los jefes de las mafias, ya que se tipificará un nuevo delito de “autoría por dominio de organización”. Es decir: los jefes de las bandas pagarán también por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices, para que no puedan eludir sus responsabilidades penales, escondiéndose en secuaces.
Sangriento contexto
Este nuevo y sanguinario episodio generó distintas reacciones. En la Asamblea, por ejemplo, hay división de criterios sobre las responsabilidades de lo que ocurre en el interior de las cárceles.
El asambleísta Alejandro Jaramillo (ID), presidente de la Comisión de Justicia, preguntó cómo es posible que la Policía haya dicho que no tuvo garantías para ingresar a la Penitenciaría del Litoral cuando está llamada a colaborar en el control de las cárceles del país. Agregó que a eso se suma la falta de capacitación de los guías penitenciarios, falta de una verdadera política de rehabilitación social, entre otros aspectos. “El Presidente de la República tiene que ponerse a trabajar en ese aspecto”, dijo el legislador.
Por su parte, la bancada correísta exigió la renuncia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; de la comandante de la Policía, Tannya Varela; de la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez; del gobernador de Guayas, Pablo Arosemena; y del director de la Penitenciaría del Litoral, Jorge Armas. El legislador Ronny Alega solicitó la intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas para que tomen el control de los centros penitenciarios respetando los Derechos Humanos y que se garantice la vida de los detenidos.
En tanto que Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista, aseguró que el Gobierno sabrá tomar las mejores decisiones en conjunto con otras funciones del Estado. Agregó que la situación crítica por la que atraviesa el sistema carcelario del país es por las malas decisiones y políticas que tomaron gobiernos anteriores.
Cambios de funcionarios
La nueva crisis carcelaria generó cambios en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en el Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI). Lasso nombró al general de división Fabián Fuel como nuevo jefe del Comando Conjunto, en reemplazo del vicealmirante Jorge Cabrera.
En la hoja de vida de Fuel consta que tiene más de 37 años de carrera militar. Se ha desempeñado como instructor de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, de la Escuela de Fuerzas Especiales, de la Escuela de Selva y Contrainsurgencia.
Hasta su designación, Fuel se desempeñaba como comandante general del Ejército, cargo que desde ayer es ocupado por el general de brigada Luis Burbano Rivera.
Mientras que el SNAI estará bajo el mando del director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, quien entre julio y septiembre de este año ya se desempeñó en esa función. Según el Decreto, se trata sólo de un encargo. Durante su primera gestión al frente del SNAI, Cobo ofreció cambios en la infraestructura carcelaria para reducir el hacinamiento, habló de la necesidad de ubicar a los delincuentes más peligrosos del país en un solo pabellón de máxima seguridad para evitar futuros amotinamientos, entre otras propuestas. Cobo reemplaza a Bolívar Garzón, quien se desempeñó menos de dos meses en ese puesto.
‘Se tiran la pelotita’
Durante el fin de semana, una vez confirmada la nueva masacre en la Penitenciaría de Guayaquil, se desató una ola de comunicados entre las distintas funciones del Estado. A través de su cuenta de Twitter, Lasso dijo que era un llamado de atención a las instituciones del Estado, en especial a la Corte Constitucional. “Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos”, escribió.
En septiembre de este año, a través de un decreto de excepción del sistema carcelario, el Gobierno dispuso la movilización y participación de las Fuerzas Armadas en el perímetro externo de las cárceles, en las vías y zonas de influencia, “y también en el interior de los centros de privación de libertad de manera coordinada con la Policía Nacional”.
Sin embargo, la Corte Constitucional, en control de constitucionalidad de ese decreto, ordenó que la participación de las Fuerzas Armadas se circunscribiera al perímetro exterior, incluído el primer filtro de ingreso, pero no en el interior.
Ante el reclamo del primer mandatario, la Corte Constitucional emitió su comunicado en el que rechazó sus declaraciones, de las que dijo sólo pretenden “evadir sus propias responsabilidades”. El organismo constitucional asegura que la crisis que afecta al sistema penitenciario requiere de acciones concretas y estructurales, diferentes a las que pueden ser adoptadas en un estado de Excepción.
De su lado, la Fiscalía exhortó al Consejo de la Judicatura para que los jueces den prioridad a las causas que estén directamente relacionadas con audiencias de juicio, revisión, sustitución o revocatoria de la prisión preventiva, por cuanto el 40% de los presos se encontrarían sin sentencia. Y al SNAI le solicitó impulsar de manera rápida y sin dilaciones los procedimientos orientados a beneficios penitenciarios, como los regímenes abiertos y semiabiertos del cumplimiento de las sentencias, debiendo priorizar el desarrollo de las audiencias en virtud de la crisis penitenciaria “que en este momento demanda que sus funcionarios se activen las 24 horas del día”.
En cambio, el Consejo de la Judicatura dijo que continuará implementando acciones para garantizar los derechos de los detenidos y aseguró que viene tomando acciones concretas y efectivas, en el ámbito de sus competencias, para coadyuvar en la solución de la situación penitenciaria del país.
La Judicatura asegura que se amplió temporalmente la competencia de los jueces de las Unidades Judiciales de Garantías Penales, para que resuelvan las causas que se encuentren en trámite en materia penitenciaria en Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Latacunga.
Agrega que el Pleno precisó las competencias de los jueces que conocen casos de esta materia y dispuso que «las boletas de excarcelación de las personas privadas de la libertad deberán ser emitidas y despachadas de manera prioritaria, célere y oportuna por parte de las y los jueces especializados o aquellos jueces que tienen la competencia ampliada para el conocimiento en materia de garantías penitenciarias».
En esta suerte de salvar responsabilidades no podía faltar la Asamblea. La Presidenta de esta Función del Estado convocó para este miércoles, a las 10:00, a sesión del Pleno para conocer y resolver sobre el informe de la Comisión de Seguridad Integral respecto a la investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país.
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