Analistas aseguran que lo sucedido con la Ley tributaria, que entró en vigencia por el ministerio de la Ley, es responsabilidad de la Asamblea en su conjunto.
No hay marcha atrás que dar. Por más que en la Asamblea los distintos bloques y legisladores de oposición al Gobierno “se rasguen las vestiduras” asegurando que el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal no debía entrar por el Ministerio de la ley, el Gobierno ya ordenó su publicación en el Registro Oficial como Decreto-Ley. Lo que se concretó finalmente la tarde de este 29 de noviembre.
Lo hace amparado en que la Asamblea no logró los votos para negar, aprobar o archivar el proyecto que tuvo el carácter de urgente en materia económica, por lo que, una vez vencidos los plazos, no procede más que entre en vigencia su proyecto original, sin cambiar una coma.
Crítica sesión
Lo que sucedió el viernes en el Pleno de la Asamblea, cuando se trató el tema, lo resume Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, en su cuenta de Twitter: “Es tan culpable el que manda una Ley tan mala (Gobierno), quien no la mejora (Asamblea) y quien permite que pase (correato)”.
Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea, certificó que ninguna de las tres mociones presentadas en la sesión del 26 de noviembre obtuvo los votos para su aprobación. La de Francisco Jiménez (CREO) para que se aprobara (el de mayoría), obtuvo sólo 30 votos a favor; la moción de aprobar el informe de minoría, 48 votos a favor; y la moción para que se negara y se archivara el proyecto, 53 votos. En todos los casos, se necesitaban 70 votos positivos.
Para el legislador Pedro Velasco, la Asamblea no está tomando sus decisiones con un criterio técnico, sino mirando sólo con una visión político-ideológica, que termina por hacer daño a la imagen de la Asamblea, por lo que es necesario que la Legislatura, en su conjunto, cumpla una labor con mayor análisis.
Responsabilidad política
En la Asamblea, y en otros sectores, se ha echado gran parte de culpa al bloque de UNES, ya que al abstenerse de votar por el archivo dio paso a que el proyecto entrara por el Ministerio de la Ley. No pocos sectores han manifestado que UNES pactó con el Gobierno, lo que ha negado el bloque correísta.
Sin embargo, la no aprobación de la ley pasó también porque varios legisladores, de diferentes bancadas, no dieron su voto, ya que no constaban sus “aportes” en el informe de mayoría. Así lo mencionaron en su momento asambleístas de la Izquierda Democrática, de Pachakutik, de los llamados independientes, entre otros.
Para Gabriela Alvear, cofundadora de Diálogo Diverso, es la Asamblea en su conjunto la que le queda debiendo al país, al no estar en capacidad de cumplir su misión, que es la de legislar en beneficio de la población. “La Ley que presentó el Ejecutivo ha tenido varias críticas en fondo y en forma”, dijo. La activista agregó que el viernes quedó demostrado que las bancadas siguen trabajando para sus fines “personalísimos” y no para la colectividad, y que en la Asamblea persisten esos acuerdos “bajo la mesa” que caracteriza a UNES, socialcristiano y al Gobierno. “Hay una gran responsabilidad en UNES, por ser una de las bancadas más grandes y después de 14 años de ser orgánicos, tienen esa particularidad de responder a lo que su líder les pida. Es una bancada sumisa, que sabía muy bien lo que iba a suceder si se abstenía”, dijo.
El analista económico Víctor Hugo Albán coincide en que, si bien la bancada correísta debe asumir gran parte de culpa, por haber negociado con la gente del Gobierno, los otros bloques también tienen su parte de culpa, al no haber actuado con suficiente responsabilidad para responderle al país. Albán asegura que es un triunfo efímero del Gobierno, que logró bajo un costo político alto, ya que las condiciones sociales de la población se verán afectadas, lo que puede generar movilizaciones cuando se sientan los efectos de las medidas que incorpora la Ley.
Tanto Alvear como Albán lamentan que se hayan perdido 30 días en la construcción de un proyecto para que al final entre por el Ministerio de la Ley, sin tomar en cuenta los criterios de los invitados que acudieron a dar sus aportes a la Comisión de Desarrollo Económico. “No sirvió de nada, nos hicieron perder el tiempo a todos porque al final operó un acuerdo político”, dijo Albán.
En tanto desde el Legislativo ya mencionan la presentación de un proyecto de Ley derogatoria de la norma que entró al Registro Oficial.
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