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Dic 16

La Policía Nacional vive problemas externos e internos

La institución enfrenta el reto de lavar su imagen frente a las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en Quito.

Una página Facebook afirma que 19 generales de Policía pusieron a disposición su cargo por el escándalo de narcogenerales. La información es cierta, ya que la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, confirmó a UDLA Channel que los generales presentaron su disponibilidad al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que, luego del análisis que se cumpla, defina si se cambia o no a alguno de esos altos oficiales del mando institucional. 

Vela aclaró que ninguno de los 19 generales ha sido señalado por los Estados Unidos como parte del grupo de “narcogenerales” que mencionó el embajador de ese país en Quito, Michael Fitzpatrick, al portal Primicias. 


La Ministra agregó que los generales han autorizado el levantamiento del sigilo bancario, tanto personales como de sus familiares, para que las autoridades de control procedan a investigar sus patrimonios, así como el registro de sus calificaciones, su aportes al Isspol y de cesantía. 

Las declaraciones del embajador de Estados Unidos hizo que los 19 generales acudieran a la Contraloría a entregar las solicitudes de verificación y control para transparentar sus patrimonios. Lo mismo solicitan a la Superintendencia de Bancos y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

En declaraciones de prensa, la Comandante de Policía, general Tannya Varela Coronel, dijo que a ninguno de los generales en servicio activo, la embajada de los Estados Unidos le ha revocado las visas y que el ejercicio de control institucional de cuentas y bienes se realizará a los oficiales que hayan ascendido al grado de generales desde enero del 2016.

El frente interno 

A lo interno, la Policía también vive un momento complejo. La embajada de Estados Unidos le retiró la visa al general Víctor Araus y a su familia. Según su abogado, Diego Chimbo, es una retaliación por haberse enfrentado al poder, ya que el justificativo de la embajada fue que recibió documentación de la propia Policía. 

El 3 agosto de 2021 el presidente de la República, Guillermo Lasso, a través del Decreto 146, cesó en funciones a Araus y a otros tres generales, por no haber cumplido con los requisitos del artículo 94 del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana.

El artículo 94 se relaciona con los requisitos para el ascenso de los policías y menciona aspectos como acreditar el puntaje mínimo en la evaluación de desempeño en el grado que ocupa, lo que no habría cumplido el general.

Araus apeló la decisión y su abogado manifestó que se indujo al error al Presidente de la República, pues no se dio la reunión que por obligación debía existir entre el Ministro de Gobierno y la Comandante General.

La jueza Verónica Cecilia Medina, de la Unidad Judicial Penal, falló a favor de Araus y ordenó que se le reintegrara al cargo, al igual que a los otros tres cesados. La jueza no ha estado libre de fallos polémicos. En junio de 2021 anuló el caso de presunta delincuencia organizada que se seguía en contra del expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo, investigados por la venta de pruebas PCR durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La Fiscalía apeló y revocó el auto de nulidad y declaró la negligencia manifiesta de la magistrada. El Consejo de la Judicatura le suspendió temporalmente del cargo. 

En su cuenta Twitter, Carlos Bravo, exgerente de la AGD, recordaba un episodio similar con la jueza:


Por su parte, Araus denunció a Varela por el presunto delito de falsificación de documentos para evitar su ascenso a la comandante de la Policía. La Fiscalía abrió una investigación contra la comandante general. 

Así, la Policía no sale de la situación crítica que tuvo otro episodio indirecto como la millonaria estafa al Isspol entre el 2014 y el 2017. Mientras que el 14 de diciembre de 2021 la Fiscalía informó de un allanamiento realizado a las instalaciones del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional dentro de una investigación previa por delincuencia organizada.