Un excomisionado y un expostulante aseguran que las ternas presentadas no cumplen con requisitos de experiencia.
La Corte Constitucional, que ha tenido un rol relevante durante estos años, ahora atraviesa una zona de turbulencia, en medio de su proceso de renovación parcial. Y el fin de esta turbulencia aún no se ve en el horizonte.
El matrimonio igualitario, la despenalización del aborto en casos de violación y el hecho de que la tenencia de los hijos ya no recaiga preferencialmente en la madre son sólo algunas sentencias consideradas históricas y que fueron dictadas por la actual Corte Constitucional.
A ellas se suman fallos como la vulneración del derecho al debido proceso en el caso Yasunidos; la inconstitucional a la Ley de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; y la inconstitucionalidad del reglamento sobre uso progresivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.
En lo político, un fallo de este organismo puso fin a la disputa de la Alcaldía de Quito entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas. La Corte dejó sin efecto fallos de la justicia ordinaria a favor de Yunda con lo que se ratificó su salida del cargo. En resumen, la labor de esta Corte ha sido muy relevante.
La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional define a la Corte Constitucional como el máximo órgano de control e interpretación constitucional y del sistema de administración de justicia constitucional.
Los nueve jueces fueron posesionados en febrero de 2019, tras un proceso de designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana de transición, que en agosto de 2018 cesó en funciones y dio por terminado anticipadamente el periodo constitucional de las anteriores autoridades del organismo constitucional, cuestionados por su línea correísta.
Los actuales magistrados provienen de la academia, del activismo social, de la defensa de los Derechos Humanos y de las libertades. Según la Constitución, la Corte la integran nueve miembros, por un periodo de nueve años sin reelección inmediata y serán renovados por tercios cada tres años.
La renovación y sus conflictos
Han pasado ya casi tres años desde la posesión, por lo que ya se trabaja en el proceso de renovación parcial. Tres jueces deberán dejar sus cargos en los próximos meses; sus nombres se conocerán luego de un sorteo público.
El proceso para seleccionar a los nuevos tres se inició a fines de agosto con la posesión de los integrantes de la Comisión Calificadora: Dunia Martínez, Édgar Neira, Alberto Fernández, Medardo Oleas, Vanesa Aguirre y Rafael Oyarte.
Pero el proceso ha estado lleno de polémicas y conflictos. Los integrantes de la Corte son designados a través de un concurso público, de entre los candidatos presentados por las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social, quienes tienen que proponer tres nombres cada una.
El 18 de octubre, la Comisión Calificadora declaró desierto el proceso debido a que los integrantes de las ternas que remitieron la Función de Transparencia y el Ejecutivo no cumplían con los requisitos estipulados por la Constitución. Mientras que la terna del Legislativo se remitió fuera del plazo establecido.
La Comisión pidió a las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia que remitieran nuevamente los nombres de tres postulantes que cumplieran estrictamente con el régimen de requisitos e inhabilidades previsto en la Constitución.
Con los nuevos nombres se reinició todo, pero el 29 de noviembre, Oyarte presentó su renuncia a la Comisión, preocupado por el desarrollo del concurso público.
En su carta aseguró que un integrante de la Corte debe ser una persona con amplia experiencia y un dilatado conocimiento del Derecho en general, y del constitucional en particular, y que algunos de los nuevos nombres remitidos por las funciones del Estado no cumplían con los requisitos de Ley y no habían entregado la documentación de respaldo, lo que había generado retraso en el concurso.
Los postulantes
Richard Ortiz, Bárbara Terán y Jhoel Escudero, por la Función Ejecutiva; Ana Donoso, Carlos Vásquez y Jorge Sosa, por la Función de Transparencia; Alejandra Cárdenas, Luis Sarango y Salim Zaidán, por la Función Legislativa fueron los nombres propuestos para el concurso público de selección.
Pero Zaidán, cuyo nombre había sido impugnado, renunció a la candidatura asegurando que los concursos no están hechos para designar a los mejores sino a los mejor relacionados.
Concuerda con Oyarte en el sentido de que varios integrantes de las ternas no cumplen con el requisito de experiencia profesional y cuestiona al comisionado Fernández por tener una relación de parentesco y familiaridad con una de las personas que presentó una impugnación a su nominación.
Así, quedaron ocho postulantes. De ellos también han sido impugnados Jorge Sosa y Bárbara Terán, cuyas audiencias se cumplieron esta mañana.
Sosa es impugnado por Natalia Roca, quien asegura que él no informó a la Comisión que fue candidato a asambleísta del Guayas en el 2017 por el partido Fuerza Ecuador (FE), y que había formado parte de la directiva de esa agrupación política. Además de que había mantenido deudas por pensiones de alimentos justo antes de su postulación.
Sosa aseguró que no ha infringido esta norma, ya que no hay nada que le obligue a poner en su hoja de vida una mera expectativa, como lo fue su candidatura a la Asamblea, y que no está afiliado a esa agrupación partidista, por lo que no podía formar parte de su directiva. Sobre las pensiones alimenticias, dijo que las había cancelado mucho antes de que su nombre fuera tomado en cuenta para la terna.
Por su parte, a Terán le impugna Ximena Delgado, por supuesta falta de probidad e idoneidad para ser jueza constitucional porque no habría actuado con diligencia en un proceso legal entre particulares.
Terán respondió que Delgado presentaba la impugnación ya que le ha ganado unos siete juicios en que las dos habían participado como litigantes.
La Comisión deberá resolver en los próximos días si acepta o no estas impugnaciones para dar paso a las siguientes etapas del concurso como son el examen escrito y el examen oral para evaluar sus conocimientos.
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