Se necesitarán 70 votos para aprobar esta ley. Aún es posible otro ajuste de plazos, si eso permite más aceptación entre bancadas.
Los ajustes que la Comisión de Justicia hizo a la temporalidad para la práctica de un aborto en casos de violación no dejó satisfechos ni a los grupos que defienden los derechos de las mujeres ni a los sectores autodenominados provida.
Así, la polémica se ahonda, a días de que el Pleno tenga el segundo debate y apruebe la Ley, por mandato de la Corte Constitucional.
En principio, la Comisión había definido 28 semanas como plazo máximo para la interrupción del embarazo en caso de violación en mayores de 18 años y sin plazos para menores de 18 años o mujeres con discapacidad.
Sin embargo, tras una serie de cuestionamientos, la Mesa legislativa revisó ese plazo y aprobó así el informe para segundo debate del proyecto de Ley.
La nueva propuesta señala que al tratarse de niñas y adolescentes menores de 18 años, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 22 semanas de gestación. Y, si se trata personas gestantes de 18 años en adelante el aborto se podrá realizar hasta las 20 semanas.
En el caso de mujeres con discapacidad prevalece la causal salud; es decir, que el médico determinará cuándo se puede realizar el aborto, de acuerdo con la realidad de cada paciente y los lineamientos de la guía del Ministerio de Salud.
“No le ponemos un freno porque las condiciones de mujeres con discapacidad son diversas”, explica la asambleísta Gisella Garzón.
Y, debido a la condición especial de personas con discapacidad mental víctimas de violación, se observará lo dispuesto en la Guía de Práctica Clínica denominada ‘Atención del Aborto Terapéutico’, expedido por el Ministerio de Salud.
Para Vivian Idrovo, miembro de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, no se deben imponer plazos en casos de un embarazo por violación, ya que quienes acceden al procedimiento de manera más tardía son las personas más vulnerables.
“Al poner plazos este informe impone nuevas barreras a las mujeres y niñas más vulnerables. Por ejemplo, una persona que está sometida a trata y la rescatan embarazada no va a poder acceder a la interrupción de su embarazo y se le va a imponer una maternidad forzada”, manifestó la activista.
Agregó que la primera opción, sin plazos para menores de edad y mujeres con discapacidad, habría garantizado que las niñas menores de 14 años, quienes son las que más tardan en darse cuenta de los cambios en su cuerpo, tengan la posibilidad de interrumpir el embarazo tras una violación.
En cambio, para grupos provida incluso esos plazos son exesivos. Amparo Medina, de la Red Vida y Familia, cuestiona que “haya políticos que se pongan a discutir a qué edad es preferible matar”.
La activista asegura que a las 20 semanas el “bebé que se quiere matar mide ya 35 cm., se da vuelta dentro del útero, da pataditas, tienen espacios de sueño” y tiene otras características de vida. Medina no duda en descalificar todo el proyecto de Ley y asegura que es una “mamarrachada”.
El duro camino político
El proyecto de Ley aún tiene que pasar el filtro del Pleno de la Asamblea para ser aprobado y, si supera esa etapa, se deberá esperar el pronunciamiento del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien anticipó que lo vetará para que “no vaya más allá del fallo constitucional”.
Anuncio que ha sido criticado por asambleístas y activistas pro derechos, quienes manifestaron que se pronunció antes de que se aprobara el informe.
En el Pleno de la Asamblea el proyecto necesita 70 votos para ser aprobado. Si se toma como referencia la votación que se dio para el informe de segundo debate y que las bancadas han dejado en libertad a sus asambleístas para pronunciarse, ese número no está seguro.
La Comisión de Justicia es una muestra de ello. Aprobó la propuesta de articulado con siete votos a favor, dos en contra y una abstención. Una votación donde ya se vio división de las bancadas.
De Pachakutik votaron a favor Dina Farinango y José Chimbo, quien aclaró que en el Pleno defenderá su propuesta de que se interrumpa el embarazo máximo a las 12 semanas; mientras que Ricardo Vanegas votó en contra. De UNES se pronunciaron a favor José Agualsaca, Gissela Garzón y Jhajaira Urresta, mientras que el voto en contra fue de Sofía Espín. Por la ID Jhoana Moreira y Alejandro Jaramillo votaron a favor, pero su coideario Dalton Bacigalupo se abstuvo.
Jaramillo, presidente de la Comisión, reconoció que todo se logra con votos y espera que en el pleno los 137 asambleístas le den una respuesta al país. Dejó entrever que los plazos que constan en el informe para segundo debate no son los definitivos, ya que se mostró abierto a recoger la mejor propuesta que aglutine a todas la bancadas el día del debate. “Esperemos se pueda llegar a consensos mínimos con todas”, manifestó.
En cambio Moreira pidió a los asambleístas que, al emitir su voto, no lo hagan con cálculo político, pensando en una reelección, sino en las víctimas en condiciones de vulnerabilidad. Agregó que la moción para cambiar los plazos fue pensada en función de que el proyecto de Ley pueda ser aprobado.
Otros contenidos del proyecto
Requisitos:
- El personal de salud pondrá a disposición de la gestante el formulario único para la interrupción voluntaria del embarazo.
- El formulario no tendrá costo y si la embarazada es menor de 14 años, no se requerirá ningún formulario.
- Bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa a quien desee interrumpir su embarazo producto de violación.
- En aquellos casos donde exista una denuncia y haya sido interpuesta previamente y, siempre que la víctima tenga este documento consigo, el médico tratante procederá a anexar este documento al formulario, con fines meramente informativos.
- Para garantizar el acceso a la justicia y la no impunidad, todos los casos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía por el establecimiento de salud para su investigación y sanción, en el plazo máximo de 48 horas.
La objeción de conciencia:
El personal de salud que deba intervenir en la interrupción voluntaria del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá:
- a) Mantener su decisión en los ámbitos público y privado.
- b) Informar al director de la institución médica la solicitud de la niña, mujer o persona gestante, que desea interrumpir su embarazo, para que sea atendida por otra u otro profesional en forma eficaz y oportuna sin dilaciones.
- c) En zonas remotas, alejadas y de difícil acceso, cuando exista una víctima de violación que solicite la interrupción voluntaria del embarazo, llevar a cabo el procedimiento, asegurando que sean los derechos de la víctima de violación los que prevalezcan, cuando no exista otro profesional que pueda realizarlo.
El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.
La autoridad sanitaria nacional garantizará que los establecimientos de salud públicos y privados que pertenezcan al sistema nacional de salud, cuenten con personal no objetor suficiente, en todos los niveles de atención. No podrá existir establecimientos de salud públicos y privados que no cuenten con personal no objetor suficiente.
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