La orden del juez fue que se dé paso a la devolución de los bienes incautados que no hayan sido vendidos, donados o cedidos. Sin embargo, la Procuraduría General del Estado señaló que apeló al fallo.
Los hermanos William y Roberto Isaías eran dueños del Filanbanco hasta antes del 2000 cuando tuvo que cerrar sus puertas por malos manejos financieros, según resoluciones de las autoridades de esa época. Debido a ese caso y al salvataje bancario que vivió el país a finales de los noventas, en 2012 se los condenó por peculado, pero en 2021 la Justicia determinó que no cometieron ese delito.
Una publicación en Facebook asegura que a través de un juez, el presidente Guillermo Lasso ordenó la devolución de los bienes incautados de los hermanos Isaías. La información es falsa.
El 10 de mayo de 2022, la Procuraduría General del Estado informó mediante un comunicado que un juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en Guayaquil, resolvió una acción de protección favorable a los intereses de los hermanos Isaías.
https://twitter.com/PGEcuador/status/1524155830219812865?s=20&t=tOJZviWP9IxEdeh1wc-zlQ
Medios como El Comercio, Primicias y Ecuavisa informaron sobre lo sucedido y explican el fallo del juez sobre los bienes incautados de los hermanos Roberto y William Isaías. Lo que se dispuso fue que se devuelvan las propiedades que no hayan sido vendidas, donadas o cedidas.
La defensa de los Isaías, Jorge Zavala Egas, dijo a Ecuavisa que la decisión judicial es la de reparar los daños ocasionados con el proceso de incautaciones. Además, señaló que el proceso fue declarado por parte del Comité de Derechos Humanos de Ginebra como vulneración de derechos. «Los bienes que ya fueron enajenados o cedidos a terceros, esos no se han ordenado restituir», aseguró Zavala Egas.
Frente a este hecho la Procuraduría apeló dicha resolución y mencionó que será la Corte Provincial de Justicia quien conozca y resuelva este recurso. “Al amparo de sus competencias constitucionales y legales, esta Procuraduría no cejará en la interposición de las acciones que correspondan en defensa de los derechos y el patrimonio del Estado ecuatoriano y de sus ciudadanos”, señala el organismo.
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