La pena que se establecería, de pasar la consulta tal como está y de ser aprobada por la ciudadanía, sería de entre 7 y 10 años.
El 31 de octubre de 2022, el Gobierno presentó 3 nuevas preguntas para la consulta popular, que, según la versión oficial, tienen como objetivo promover la seguridad y la promoción del empleo digno. Las primeras ocho preguntas fueron ya aprobadas por la Corte Constitucional. Desde 18 de noviembre, circuló información en Twitter asegurando que con la Consulta 2023, los ‘vacunadores’ irán a la cárcel hasta por 10 años, refiriéndose a los extorsionadores que piden ‘vacunas’ a ciudadanos y locales comerciales. Esta información es cierta, este tema se propone en la segunda pregunta presentada en este segundo paquete, que señala:
“Actualmente, la extorsión se regula como un delito contra el derecho y la propiedad y se sanciona con pena privativa de la libertad de tres a cinco años. ¿Está usted de acuerdo con tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa e libertad de siete a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada, reformando el Código Integral Penal de conformidad con el Anexo 2?”.
Según el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en una entrevista con Primicias, esta pregunta tipificará el delito de extorsión en el esquema de crimen organizado, por lo que comunmente se conoce a esta propuesta como ‘ley antivacunas’.
Según un artículo de GK, una vacuna es “un cobro extorsivo de dinero” que exigen grupos organizados para garantizar seguridad. De no aceptarlo, han existido amenazas contra la vida, disparos, explosivos e, inclusive, asesinatos.
Según André Benavides, abogado constitucionalista, el delito de extorsión ya existe. Lo que se está haciendo es crear un delito autónomo con agravante de pena, ya que es cometido por 2 o 3 personas. Sin embargo, afirma que esta reforma no debería necesitar una consulta popular, ya que puede ser presentado como proyecto de ley a la Asamblea.
Esta nota fue elaborada por DIÁLOGO DIVERSO para Ecuador Verifica, la coalición de lucha contra la desinformación que une a medios de comunicación, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
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