Se pondrá especial atención a Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde la violencia se ha incrementado en los últimos meses. La protección a la ciudadanía en los exteriores de los debates y en los recintos están entre las prioridades.
Con la participación de 18 instituciones se instaló la mesa de seguridad electoral, con miras a diseñar el esquema y los protocolos que se seguirán en esa materia en los comicios del 5 de febrero, en los que se elegirán 5.690 dignidades principales, incluyendo a los consejeros de Participación Ciudadana.
Si las elecciones presidenciales del año pasado estuvieron marcadas por un Ecuador que salía de la pandemia por el coronavirus, el próximo sufragio se cumplirá en medio de una crisis carcelaria, la inseguridad creciente a escala nacional, inundaciones por la época invernal e inclusive la actividad del volcán Cotopaxi, manifestó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. Por eso, resaltó la labor que cumplirá esta mesa para garantizar la seguridad en los recintos electorales, al personal que interviene en el proceso y a la ciudadanía que acudirá a sufragar. “Hay escenarios distintos, las dificultades que se puedan presentar antes, durante y después del día de las elecciones tienen que ser tomadas en consideración con mucha atención”, dijo Atamaint.
Un elemento que se deberá tomar en cuenta son los 38 debates electorales que, por obligación, deben realizarse entre candidatos a prefectos y alcaldes. Estos debates se cumplirán en enero: el 7, el 8, el 14 y el 15 de ese mes en las jurisdicciones de más de 100.000 electores. Aunque el debate se cumplirá sin público, se transmitirá a través de diferentes medios y plataformas, no se puede impedir la presencia de simpatizantes en los exteriores, por lo que se deberá cumplir un operativo de seguridad. “Trabajaremos de forma responsable”, indicó la titular del organismo electoral.
Enrique Pita, vicepresidente del CNE, expresó que la mesa de seguridad tiene la misión de coordinar la prevención, mitigación y respuesta de los eventos adversos de las etapas electorales y poselectorales de febrero. “Es un proceso un poco diferente a otros; hay circunstancias que nos van a obligar a poner más atención sobre ciertos hechos”, dijo Pita.
Otras instituciones
Además de la impresión y distribución de material electoral, que está a cargo de las Fuerzas Armadas, los militares serán parte fundamental de la mesa de seguridad electoral y pondrán especial atención en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde en los últimos meses se ha desatado una violencia extrema por parte de grupos narcodelictivos, que operan inclusive desde el interior de las prisiones.
El viceministro de Defensa, Rafael Poveda Romero, dijo que todas las unidades están listas para colaborar en la seguridad interna para el desarrollo del proceso electoral. Agregó que en las provincias más conflictivas se mantiene el trabajo de la fuerza de tarea (trabajo conjunto de las tres ramas de las Fuerzas Armadas) a través de control de armas, especialmente, y en estado de Excepción apoyando la labor de la Policía. “Todo nuestro personal está apoyando el proceso electoral y el control en seguridad”, dijo Poveda. El militar agregó que en las áreas de mayor conflicto hay presencia de las Fuerzas Armadas y que incluirá el proceso electoral.
Carlos López, director nacional de operaciones del ECU – 911, aseguró que las instalaciones y el personal de la institución se encuentran preparados para brindar el acompañamiento técnico a las elecciones seccionales y de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana.
“A través de nuestras instalaciones y de nuestro contingente, aportamos a la seguridad integral de nuestros ciudadanos”, dijo López. En lo operativo, habrá una mesa nacional de seguridad electoral y también mesas provinciales. La información y las decisiones que se vayan tomando en estas instancias serán confidenciales. Entre las instituciones participantes constan la Policía, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Educación, el de Transporte, el Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI), la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio del Interior.
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