No se encontraron registros de un proceso por cohecho ni en la Fiscalía ni en la Función Judicial. Ella apeló la glosa y el caso está en el Contencioso Administrativo.
Con la oficialización de los binomios que correrán por la Presidencia y la Vicepresidencia el 20 de agosto, la desinformación se ha acelerado para tomarse las redes sociales y las conversaciones de los ecuatorianos.
Este 10 de junio, el correísmo anunció oficialmente los nombres de su apuesta presidenciable. Esta estará conformada por Luisa González, para la Presidencia de la República, y Andrés Arauz, para la Vicepresidencia.
Tras el anuncio, en redes sociales saltaron varias publicaciones con información descontextualizada. Este es el caso de la publicación de la cuenta ‘JRE Ecuador’, de la Juventud Revolucionaria Ecuatoriana, que en un post en Twitter aseguró que Luisa González, es una “exasambleísta que fue investigada por cohecho”, y que debe una glosa por alrededor de $800 mil.
Calificamos esta información como engañosa. Esto, debido a que no se encontraron registros de investigaciones por cohecho contra la precandidata del correísmo, ni en la Fiscalía General, ni en la Función Judicial. Sin embargo, Ecuador Chequea sí pudo constatar la existencia de una glosa en la que figura González.
La Contraloría confirmó la existencia de una glosa (DNPR-01948-80) por $880.473,47, contra González. Esta fue emitida el 19 de abril del 2019, con base en el informe de Contraloría DNA1-0002-2019, que detalla: “Examen especial al uso de los aviones presidenciales y vuelos presidenciales (…), por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017”.
“Se realizaron 33 desplazamientos internacionales en los aviones presidenciales LEGACY y FALCON, 23 vuelos en TAME; y 2 vuelos en la aeronave de PETROECUADOR, sin la autorización de la Presidencia de la República (Subsecretaría General de Despacho Presidencial y/o Servicio de Protección Presidencial), desconociéndose si los viajes fueron o no para el cumplimiento de actividades oficiales, vuelos que costaron al Estado $9’649.761,36, situación originada por cuanto, el Presidente de la República, como máxima autoridad, no emitió disposiciones para asegurar, ni veló por la adecuada administración de los aviones presidenciales respecto del uso de los mismos con la finalidad de salvaguardar los recursos del Estado”, dicta el informe, que incluye a varios servidores públicos. “De los 24 vuelos internacionales con los aviones presidenciales a cargo del GTAE, cuyo destino fueron países que el Servicio de Rentas Internas considera como paraísos fiscales, a más de no disponer con la autorización ni el objetivo de viaje, 12 no contaron con el manifiesto de pasajeros en varias de sus rutas ni con los registros de los pesos exactos del equipaje y/o carga”.
Entre los destinos constan: Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo, Panamá, Cabo Verde, Belice, Barbados y Trinidad y Tobago. González consta en la lista de funcionarios implicados en el informe, por lo que la Contraloría le generó la glosa antes mencionada.
Desde el ente rector se informó a Ecuador Chequea que González apeló al acto administrativo y agotó los recursos de revisión en la Contraloría, por lo que la glosa permanece en firme. Sin embargo, la precandidata presentó una acción en el Tribunal Contencioso Administrativo, como última instancia de apelación contra la decisión de la Contraloría.
En el Sistema Automático de Trámite Judicial de Ecuador (Satje), se puede confirmar que el recurso subjetivo, ingresado el 29 de marzo de este año, contra el Procurador General Del Estado y el Contralor General, se mantiene activo y en trámite.
Con este proceso, González buscaría anular la glosa. Sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo ya beneficiaron previamente a actores políticos como Marcela Aguiñaga (en el 2022), cuando el Tribunal anuló la glosa por $41 millones por la compra de terrenos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Lo mismo ocurrió en el caso de Pabel Muñoz, a quien el Tribunal anuló una glosa por $19 millones en el 2021.
Como parte de su pasado judicial, González también cuenta con una medida cautelar interpuesta por Andrés Pérez Sandoval, representante del CONSORCIO SPR, cuando fue Secretaria Nacional de Administración Pública.
Como parte de su experiencia en la administración pública, la precandidata presidencial del correísmo trabajó como coordinadora de Recursos Humanos de la Superintendencia de Compañías y Seguros (2008 – 2010), coordinadora general de Agenda Estratégica Presidencial (2010 – 2011), vicecónsul de Ecuador en Madrid (2011 – 2014), secretaria general del Despacho Presidencial (2015 – 2016), secretaria nacional de la Administración Pública (2017), secretaria nacional del Parlamento Andino (2018 – 2019) y asambleísta.
González es abogada y tiene dos maestrías en Alta Gerencia y en Economía Internacional y Desarrollo.
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