En sus declaraciones, Martínez no ha dicho que el cuaderno se escribió bajo la influencia o amenazas de Salazar. El proceso tiene una sentencia en firme por corrupción.
La desinformación ronda los ‘pasillos’ de las redes sociales todos los días. Publicaciones de todo tipo difunden información falsa o descontextualizada a días de que el país vaya nuevamente a las urnas.
Una publicación realizada en TikTok, por ejemplo, asegura que se ha confirmado que la fiscal general, Diana Salazar, obligó a Pamela Martínez a escribir el cuaderno vinculado al caso Sobornos.
Calificamos este contenido como falso. La publicación, que ya se viralizó en el 2020, relata hechos que fueron desmentidos en ocasiones anteriores. En sus declaraciones, Martínez no ha dicho que el cuaderno se escribió bajo la influencia de Salazar.
La publicación incluye en su composición una publicación de Rafael Correa. Ésta es real. En su cuenta de X (antes Twitter) Correa compartió una publicación de otra cuenta en la que se ve la imagen de la publicación.
Es «impericia»😉 https://t.co/lH9MUexDzE
— Rafael Correa (@MashiRafael) September 15, 2023
Sin embargo, esta publicación no es actual, como se quiere hacer pensar. Con la búsqueda inversa de Google se pudo detectar que esa imagen ya circulaba las redes sociales en el 2020. Allí, ya se aseguraba que Martínez habría declarado que Salazar le obligó a escribir el cuaderno que sirvió de prueba para el Caso Sobornos.
Esta declaración, sin embargo, no fue dada por Pamela Martínez. En su declaración judicial, ella informó que durante un viaje en avión apuntó todos los detalles que recordaba sobre los aportes económicos realizados para Alianza PAIS, que se usaron para financiar las campañas electorales.
Por este hecho, el 7 de abril del 2020, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 8 años de prisión y a la pérdida de sus derechos políticos a los implicados. Entre los sentenciados por este caso de corrupción etán Rafael Correa, expresidente y prófugo de la justicia —aunque goza de refugio en Bélgica—, Jorge Glas, Alexis Mera, Pamela Martínez (exasesora de la Presidencia), Vinicio Alvarado, entre otros personajes. En total, 12 funcionarios públicos estuvieron implicados en el caso.
Ante la publicación de Correa, la Fiscalía salió a desmentir la afirmación de la publicación.
#ATENCIÓN | #FiscalíaEc hace un llamado a la sociedad a no dejarse engañar por artimañas y noticias falsas difundidas, que buscan impunidad ante delitos de corrupción y abuso sexual. Recuerda informarte por canales oficiales. pic.twitter.com/pzOGcBuWjs
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 15, 2023
Cabe destacar que este caso fue el que sentenció a Rafael Correa a ocho años de prisión por cohecho pasivo propio agravado.
Correa fue sentenciado por participar en una red de sobornos que implicaba haber recibido aportes para la financiación de su movimiento político, Alianza PAIS, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas.
La investigación de estos actos nació con la publicación del portal Mil Hojas ‘Receta Arroz Verde 502’, donde se denunciaba qué varias empresas multinacionales entregaban aportes al movimiento correísta. Los aportes se habrían entregado desde noviembre del 2013 hasta febrero del 2014, cuando Correa lideraba esa organización política.
Las supuestas donaciones alcanzaban los $11,6 millones. Empresas como SK Engineering & Construction, Sinohydro Corporation, Grupo Azul, Telconet y China International Water & Electric Corp-CWE también se inmiscuyeron en la trama.
La investigación, que primero se llamó Arroz-Verde y pasó a llamarse caso Sobornos, estuvo en manos de la Fiscalía. Luego de esto, dos de los acusados iniciales fueron absueltos y otros 24 fueron acusados por el delito de cohecho (22 en calidad de autores y dos en calidad de cómplices). Una de las pruebas utilizadas en este caso fue el cuaderno de Pamela Martínez, donde se detallaban los movimientos ilícitos.
En abril del 2020, un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció al expresidente Correa, y otros 15 funcionarios a ocho años de prisión por cohecho.
Ese mismo año, en septiembre, un tribunal de la Corte ratificó la sentencia, al negar el recurso de casación. Con esto, la sentencia quedó ejecutoriada. De esta forma, quedó confirmado bajo la Ley el delito cometido en el caso.
Este es uno de los casos en los que se nombra al correísmo, pero no el único. Uno de los líderes del movimiento, Jorge Glas, exvicepresidente sentenciado por corrupción, ya ha estado inmiscuido en estos casos, en los que también se nombra empresas como Odebrecht.
Glas recibió dos sentencias por la justicia ecuatoriana. Una fue de 8 años por cohecho en el caso Sobornos y otra fue de 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Este último estuvo relacionado al pago de sobornos desde la empresa brasileña a diferentes países para la adjudicación de procesos.
A finales del 2016, Marcelo Odebrecht, representante de Odebrecht, firmó un acuerdo de cooperación a cambio de clemencia con las justicias de Estados Unidos, Brasil y Suiza.
Odebrecht reveló que su constructora pagó sobornos por $788 millones en América Latina y África. En el caso ecuatoriano, los documentos que Estados Unidos hizo públicos revelaron que, entre el 2007 y el 2016, Odebrecht pagó 33,5 millones a funcionarios del Gobierno correísta para beneficiarse de contratos.
Esto llevó a Glas y otros funcionarios al proceso por asociación ilícita. A este se suma el caso ‘Reconstrucción de Manabí’, en el que la Fiscalía formuló cargos contra Jorge Glas.
El caso ‘Reeconstrucción de Manabí’ nace por presuntas irregularidades registradas en el manejo de los fondos para la reconstrucción de esa provincia tras el terremoto. El entonces presidente Correa creó el Comité para la Reconstrucción y logró la aprobación de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que obligaba a personas con sueldos mayores a $1.000 a aportar para enfrentar la crisis. Esto, con el fin de generar los recursos necesarios y destinarlos para la reconstrucción de la zona.
Según datos de la Fiscalía, con esta Ley y el aumento del IVA se recaudaron más de $1.614 millones, que se destinaron a contratos y proyectos que no fueron prioritarios en el contexto de los daños ocurridos por el terremoto. «No eran de emergencia ni estaban dirigidos a los damnificados».
Según un informe de la institución, en abril del 2019 la Fiscalía ya recibió una denuncia, por parte del Consejo de Participación Ciudadana (Transitorio), sobre hechos relacionados al abuso de dineros públicos. Estos estaban vinculados a los fondos de la Ley de Solidaridad.
En mayo del mismo año la Fiscalía recibió un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, como parte de un examen especial a los contratos suscritos para la construcción del parque Las Vegas, ubicado en Portoviejo; y la construcción del proyecto tramo Acceso al Puerto de Manta-redondel del Imperio Colisa, cuyo financiamiento provino de los fondos de Ley de Solidaridad, que eran específicos para enfrentar las consecuencias del terremoto.
La última denuncia sobre el tema fue presentada también por el CPC, en febrero del 2020, por el presunto delito de delincuencia organizada. En ésta se menciona la reunión que se llevó a cabo el 22 de mayo del 2017, entre Jorge Glas, Carlos Bernal y Pablo Ortiz, en la cual se priorizaron 584 proyectos sin un sustento técnico que evidenciara la finalidad de emergencia de reconstrucción, construcción o de reactivación productiva de las zonas afectas por el terremoto.
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