Durante el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, el candidato presidencial, Isidro Romero por el movimiento AVANZA afirmó que, en el caso de llegar a la presidencia, habrá una pena perpetua con incautación total de sus bienes a quienes roben.
La propuesta para combatir la corrupción planteada por el candidato Romero incumple con lo planteado en el art.66 de la Constitución, que garantiza el derecho a la integridad personal, que tiene que ver con la integridad física, psíquica, moral y sexual. Además, se prohíbe el uso de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Por lo anterior, para cumplir con lo propuesto por los legisladores sería necesaria una reforma constitucional.
Expertas de la organización Diálogo Diverso indican que la cadena perpetua requiere de una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y, que en caso de plantear la cadena perpetua se debe hacer a través de la Asamblea Nacional o se debe incluir en una consulta popular. “En materia de derechos humanos, el objetivo de la privación de libertad será siempre la rehabilitación social, la cadena perpetua se considera regresivo y a la vez implicaría altísimos costos para el Estado la manutención de personas privadas de libertad hasta su muerte”.
Además, esta propuesta implicaría una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita por Ecuador en su art.5 en el cual se establece el derecho a la integridad personal de todas las personas. Este artículo involucra que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Gabriela Alvear, representante de Diálogo Diverso, también señaló que la incautación de bienes actualmente sí es posible, dependiendo del tipo de delito. La representante de Diálogo Diverso afirmó que si existen casos por corrupción y tráfico ilícito, lavado, delincuencia organizada, trata de personas, tráfico de migrantes, enriquecimiento privado no justificado, testaferrismo, terrorismo y delitos por droga; si se puede disponer la incautación de bienes.
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