Sep 15

Segundo intento para combatir la corrupción con apoyo internacional, esta vez de la ONU

La ONU apoyará a la Justicia, al Servicio de Contratación Pública y a la Contraloría. Una comisión de expertos fracasó en el Gobierno anterior, por falta de voluntad político. ¿Será la segunda la vencida?

11 artículos contiene el memorándum de entendimiento que suscribió el lunes 13 de septiembre el Gobierno de Guillermo Lasso con el sistema de las Naciones Unidas en Ecuador para implementar medidas para prevenir y combatir la corrupción, y promover una gestión pública transparente. 


Los objetivos de este acuerdo incluyen desarrollar e implementar medidas para combatir y prevenir la corrupción; fortalecer las capacidades en los ámbitos mencionados. Las áreas específicas de cooperación mencionadas en el documento son: 

  • Fortalecimiento de la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, incluyendo la promoción del gobierno abierto, la incorporación de medidas anticorrupción en sectores clave y en los planes y estrategias nacionales, y la incorporación de soluciones de gestión pública innovadoras. 
  • La detección, investigación y enjuiciamiento de la corrupción, incluyendo asistencia técnica para la identificación y recuperación de activos, así como asistencia legal y cooperación internacional en materia penal contra la corrupción y sus delitos conexos.
  • Fortalecer el sistema estadístico nacional para una mejor gestión y análisis de la información que permita medir y monitorear la corrupción, incluyendo la percepción ciudadana, el análisis de género y la recopilación de datos desglosados por sexo y edad sobre la corrupción.
  • Revisión de los mecanismos de gestión y finanzas públicas, incluyendo el diseño de servicios públicos centrados en las personas; los sistemas de compras y contrataciones; y, la simplificación de trámites. 
  • Generación de alianzas y fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del sector privado para promover una mayor responsabilidad social y compromiso cívico y para construir una cultura de integridad y ética en los sectores público y privado.

Con la suscripción del memorándum, este entró en vigencia por dos años y, tras la revisión de los  resultados, las partes podrán acordar la extensión del convenio de colaboración. La firma de este acuerdo no implica la obligación de las partes de asignar fondos ya que, tanto el Gobierno ecuatoriano como la ONU, asumirán sus propios costos.

 

Versión de la ONU

Según un comunicado de la ONU, capítulo Ecuador, la organización brindará asistencia técnica para el fortalecimiento de las instituciones y los sistemas nacionales de lucha contra la corrupción. 

En ese sentido, apoyará al sector judicial para la investigación de casos de corrupción con el objetivo de facilitar asistencia judicial recíproca en la región; al Servicio Nacional de Contratación Pública en la identificación de riesgos de corrupción en procesos de compras públicas; y a la Contraloría en la implementación de un simulador de conflicto de intereses y herramientas para evitar corrupción en las contrataciones públicas. 

Como parte del acuerdo, se promoverá la generación de alianzas y la articulación con otras funciones del Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia y el sector privado, para lograr una mayor responsabilidad social y compromiso cívico. 

Durante la firma del acuerdo, Lasso manifestó que la corrupción afecta a todos los sectores de la sociedad, porque roba recursos para salud, educación, vialidad y otras obras prioritarias del desarrollo. “Tenemos que castigar a los corruptos y el castigo debe ser ejemplar”. Y garantizó que su gestión estará orientada a la lucha permanente contra la corrupción. “Es mi deber, como Presidente de la República, trabajar incesantemente para reparar y evitar más daños a la sociedad”, dijo.

Las cifras 

En su discurso el primer mandatario mencionó que, según un estudio regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del 2019, la corrupción –en años recientes– le habría costado a Ecuador 70.000 millones de dólares, de los cuales 40.000 millones corresponderían a sobreprecios y desvío de fondos, y 30.000 millones a ineficiencia en las obras ejecutadas. 

Esas cifras son descontextualizadas y recogen los datos de una nota que publicó Diario El Comercio en noviembre de 2019 con la entonces secretaria anticorrupción del Gobierno de Lenín Moreno, Dora Ordóñez, en que hacía mención de esos datos y del supuesto informe del BID.

A pedido del entonces legislador correísta Mauricio Proaño, el BID remitió una carta donde le informaba que no habían elaborado un informe de esa naturaleza. “No tenemos constancia que el Banco haya publicado algún informe detallando lo declarado por la Dra. Ordóñez”, consta en el comunicado. 

 

Un nuevo esfuerzo contra la corrupción 

La iniciativa de recurrir a instancias internacionales para combatir a la corrupción no es nueva. Ya lo intentó el Gobierno de Lenín Moreno quien integró una Comisión internacional de expertos para luchar contra la corrupción. La iniciativa se concretó a través del Decreto 731 del 13 de mayo de 2019.  

Los objetivos de esta Comisión fueron asesorar y fortalecer a las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción, apoyar técnicamente a las instituciones en los procesos de investigación y articular con la sociedad civil el combate a la corrupción. 

El Decreto se suscribió con presencia de los integrantes de la Comisión en una ceremonia especial que se cumplió en la emblemática Capilla del Hombre. Fueron cinco sus integrantes:  Stacy De La Torre, de Estados Unidos; Nicolás Rodríguez-García, de España; Claudia Escobar, de Guatemala; Vladimir Aras, de Brasil; y Carlos Hernández, de Honduras.

Sin embargo, la Comisión nunca generó resultados concretos. En una entrevista a Diario El Universo, Claudia Escobar, una de las comisionadas, afirmó que a Moreno le faltó voluntad política para concretar la idea de una comisión anticorrupción independiente. Agregó que se les invitó a ser parte de esa Comisión que iba a tener el respaldo de las Naciones Unidas pero que ese acuerdo nunca se suscribió. Posteriormente la comisionada denunció que no se les había cancelado honorarios ni viáticos. 

En mayo de este año los cinco excomisionados anunciaron su decisión de demandar al Estado para que les paguen por lo menos 100 mil dólares a cada uno por el tiempo que invirtieron y los gastos en que incurrieron, según informó Plan V.

El análisis 

Para el analista económico e integrante de colectivos anticorrupción Santiago García, la lucha contra la corrupción es fundamental para la sociedad ecuatoriana. “Los políticos y los corruptos se han burlado de los ciudadanos. No hemos podido recuperar el dinero, no hay procesos sostenidos de lucha contra la corrupción, por lo que me parece un anuncio importante, siempre y cuando el combate a la corrupción sea efectivo”, dijo. 

Agregó que el gran reto que tiene Lasso es demostrar que la corrupción no se ha normalizado en el país, que no es común que se abuse de los recursos públicos. “Ese mensaje tiene que ser tanto para los funcionarios públicos como también para ciertos sectores privados que han participado en hechos de corrupción”, dijo. Para García, el hecho de que la iniciativa similar haya fracasado en el Gobierno de Moreno se debe a falta de voluntad política, y a ciertos intereses que impidieron que el convenio tuviera buenos resultados. “Este tipo de convenios no sólo requiere el apoyo internacional, sino el compromiso de los países”, aseguró.

Por si te interesa:

UNES cierra filas alrededor del Defensor del Pueblo ¿logrará salvarlo?

El escollo que Lasso tiene superar se llama Asamblea Nacional

Asamblea se hizo ‘de la vista gorda’ sobre pesca incidental de tiburones