Los asambleístas de UNES que integran la Comisión de Fiscalización consideran que no se ha probado incumplimiento de funciones y que se debe esperar la sentencia penal.
Con seis votos a favor y tres abstenciones, la tarde del miércoles la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el informe de sustanciación que recomienda al Pleno el juicio político contra el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, por incumplimiento de funciones.
El funcionario está detenido en la cárcel 4 de Quito acusado de abuso sexual y fue llamado a juicio penal.
🔘#Atención|Juez penal, Dr. Adrián Rojas, llama a juicio al Defensor del Pueblo, Freddy C., por el presunto delito de abuso sexual, dentro del proceso No 17721-2021-00020G, por existir suficientes indicios, y se ratifica prisión preventiva y medidas cautelares reales en su contra pic.twitter.com/WAr7olsH2G
— Corte Nacional (@CorteNacional) August 10, 2021
El 15 de mayo asistió a la casa del exministro de Salud Mauro Falconí, donde habrían mantenido una fiesta e ingerido licor. A esa fecha, regía en Pichincha un toque de queda por la pandemia de coronavirus. En un video que circuló por las redes sociales se observa a Carrión forcejear con una mujer para que saliera del ascensor y luego agarrarse a golpes con Falconí.
Tras el incidente, los legisladores Yeseña Guamaní (ID) y Ricardo Vanegas (PK) presentaron, por separado, solicitudes de juicio político contra Carrión por incumplimiento de funciones, que se unificaron en una sola. Señalan que el Defensor del Pueblo asistió a una reunión privada usando bienes y recursos públicos (vehículo institucional y su custodia asignada por la Policía), y que lo hizo irrespetando el toque de queda.
▶️ Agresión a dos personas en especial a una mujer
▶️ Ingesta de bebidas alcohólicas
▶️ Incumplimiento del toque de queda
▶️ Uso indebido de los bienes del Estado.#YeseñaGuamaníAsambleísta#ControlPolítico#FreddyCarrión pic.twitter.com/MAfhUi1vUy— Yeseña Guamaní Vásquez (@yesguamani) September 4, 2021
Por su parte, Carrión ha mantenido el argumento de que se trata de una retaliación política por el informe que la Defensoría elaboró sobre el paro de octubre de 2019, tras lo que puso una denuncia por lesa humanidad en contra del entonces presidente Lenín Moreno y de algunos de sus funcionarios. Además, ha manifestado que fue a la casa de Falconí a tratar temas de presuntos vacunados VIP y que en esa reunión le habrían dado vino o alitas con droga, por lo que no recuerda nada de lo sucedido.
#JuicioPolítico 🧐 | Unas alitas de pollo y luego no se que pasó!!! 🤷♂️
Así pretende el Defensor del Pueblo desviar lo que es evidente…Su incumplimieto de funciones.
Les invito a seguir esta nota realizada por @ecuavisa#YeseñaGuamaníAsambleísta#ControlPolítico pic.twitter.com/IpqdZBnbZ4
— Yeseña Guamaní Vásquez (@yesguamani) September 6, 2021
El informe
Tras las comparecencias de los interpelantes e interpelados, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda que en juicio político, el funcionario sea censurado y destituido del cargo. No fue una votación unánime. Los tres legisladores de UNES (correístas) se abstuvieron; los seis integrantes restantes de la Mesa votaron a favor. Estos fueron sus argumentos:
1.- Roberto Cuero (UNES), abstención. Dijo que nadie puede ser investigado dos veces por un mismo hecho, en referencia a que Carrión enfrenta una causa penal y un proceso político relacionado con el evento del 15 de mayo en la casa de Falconí. Añadió que los interpelantes no han demostrado las causales por las que presentaron la solicitud de juicio político ni el incumplimiento de funciones. Para Cuero, a Carrión no se le ha garantizado el debido proceso y la presunción de inocencia. Agregó que los funcionarios de la Defensoría del Pueblo se encontraban exentos de cumplir el toque de queda y que es la Contraloría la que debe determinar si hubo mal uso de bienes públicos.
2.- Gabriela Molina (UNES), abstención. Manifestó que las causales presentadas por los interpelantes no tienen relación con las funciones que la Constitución otorga al Defensor del Pueblo. Molina dijo que esas causales por las que se pide el juicio político están siendo tratadas en materia penal, por lo que la justicia ordinaria está al tanto de esos hechos y que la Asamblea no tiene potestad para pronunciarse sobre eso. “Los interpelantes no pudieron demostrar ningún incumplimiento de funciones del Defensor del Pueblo”, dijo.
3.- Comps Córdova (UNES), abstención. “Hay que darle un respiro, no de persecución, sino de tranquilidad al país, donde brille la verdad y la justicia”, dijo el asambleísta. Agregó que el proceso de sustanciación deja muchas dudas, así como las versiones que se recibieron en las comparecencias.
4.- Soledad Diab (PSC), a favor. Pese a su voto afirmativo, pidió que se haga constar en el acta las siguientes observaciones: que, en el desarrollo del proceso, las nuevas pruebas que se presentaron contra Carrión no fueron aprobadas por el Pleno de la Comisión, incumpliendo resoluciones. Además, que no se le hizo llegar al interpelado un resumen escrito de las comparecencias para garantizar el debido proceso. Considera que algunos asambleístas adelantaron criterios sobre el destino político del Defensor del Pueblo.
5.- Pedro Velasco (Avanza), a favor. Dijo que la Comisión está facultada para sustanciar el juicio político y que el trabajo realizado en esa Mesa, así como el informe, no interfiere ni invade el campo penal. Descartó que se esté procesando dos veces a Carrión por un mismo hecho, ya que lo político y lo penal se llevan por cuerda separada, respetando las competencias de cada Función del Estado. Añadió que se le ha garantizado el debido proceso en todas sus etapas. Velasco aseguró que Carrión podía movilizarse durante el toque de queda, pero únicamente para labores oficiales – institucionales. Pero Carrión lo hizo para asistir a una reunión privada donde hubo ingesta de licor.
6.- Ana Belén Cordero (CREO), a favor. La legisladora consideró que Carrión no está a la altura de lo que representa un Defensor del Pueblo, funcionario que debe garantizar los Derechos Humanos. “No puede violentar una de las reglas establecidas en un toque de queda, que era el no consumo de bebidas alcohólicas”. Aseguró que debe quedar claro para el país que el cargo no se pierde cuando un funcionario regresa a su casa. “El cargo se mantiene hasta finalizar las funciones, y debe ejercerlo y comportarse no solo siendo, sino también pareciendo”.
7.- Bruno Segovia (independiente), a favor. Aseguró que los interpelantes se anclaron en el proceso penal para sustentar el pedido de juicio político. Segovia manifestó que el proceso penal contra Carrión y el operativo que se cumplió le dejan una serie de dudas, ya que el funcionario no estuvo preso inmediatamente a pesar de tratarse de un delito flagrante. Manifestó que en las versiones hay una serie de contradicciones sobre lo que en realidad pasó esa tarde y noche. Dijo que hay procesos de interpelación más importantes que el de Freddy Carrión.
8.- Marco Troya (Ecuatoriano Unido), a favor. Para el legislador, hay muchas contradicciones que se han dado en el proceso penal que se cumple en contra de Freddy Carrión, pero dijo que ese análisis no es competencia de la Comisión, ya que la competencia de los legisladores es analizar el tema político, y que los dos procesos no pueden mezclarse. Manifestó que, en lo político, un funcionario que ejerce tan alto cargo de profunda representación en el país relacionada con el cumplimiento de los derechos humanos debe tener un comportamiento acrisolado, una imagen de probidad y su accionar debe ser ejemplo a escala nacional.
9.- Fernando Villavicencio (Alianza Honestidad), a favor. Defendió todo el proceso de sustanciación que la Comisión bajo su dirección cumplió en relación al juicio político a Freddy Carrión. Votó a favor del informe por “la defensa de los derechos, de todos los derechos; por una mejor Defensoría del Pueblo”.
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