En el país, la Comisión de Fiscalización investiga a la empresa que estuvo relacionada con Saab. ¿De dónde vienen las millonarias transacciones? El tema recién empieza.
El sábado 16 de octubre de este año se difundió la noticia de que Álex Saab había sido deportado de Cabo Verde a Estados Unidos. La información tuvo gran impacto en Venezuela, pero repercutió también en Ecuador. Saab, un empresario colombiano, es considerado el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Según el Diario ABC internacional, en Estados Unidos fue imputado el 25 de julio de 2019, junto con su socio, Álvaro Pulido Vargas, por ocho cargos: siete de blanqueo de capitales y un octavo de conspiración para ocultarlo. La acusación formal alega que, a partir de noviembre de 2011, o alrededor de esa fecha, y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar las ganancias de una trama de sobornos por medio de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela y EE.UU. El 18 de octubre compareció ante un tribunal de ese país para legalizar su detención.
Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el Gobierno venezolano en noviembre de 2011 para la construcción de viviendas en sectores de bajos recursos.
Según la justicia estadounidense, el acusado y otros involucrados aprovecharon el tipo de cambio que controla el gobierno de Venezuela, “que permitía obtener dólares estadounidenses a una tasa conveniente, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos para artículos y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornando a funcionarios públicos venezolanos, con el fin de que aprobaran esos documentos”. Según la información, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente 350 millones de dólares desde Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero sobre las que tenían la titularidad o el control.
El efecto en Venezuela
La deportación de Saab generó la inmediata reacción del Gobierno de Nicolás Maduro, que emitió un comunicado en el que denunció el «secuestro» del empresario por el Gobierno de Estados Unidos, «en complicidad con las autoridades de Cabo Verde, quienes lo torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días».
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación gubernamental en las negociaciones abiertas con la oposición, en México, anunció que, tras la entrega de Saab, el Gobierno suspendía su participación en ese proceso de diálogo.
El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Washington, se mostró complacido porque «los que convirtieron el hambre en un arma de control social y en un negocio hoy responden ante la justicia», según publicó BBC News.
En un debate publicado en France 24 lo consideraron a Saab como un personaje clave en el Gobierno de Venezuela, por haber participado en varios de los programas bandera del chavismo y por ser una conexión internacional, en términos de negocios para Miraflores. Para unos analistas, las declaraciones de Saab pueden hacer tambalear al Gobierno de Nicolás Maduro, mientras que otros creen que no sucederá más allá de un gran despliegue mediático y la furia de Caracas contra Washington.
La carambola en Ecuador
En Ecuador también tuvo repercusión la noticia de la deportación del testaferro de Maduro. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició una investigación sobre las actividades de la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons) en Ecuador.
Se presume que Saab y su socio Pulido lavaban dinero a través de esa empresa en nuestro país. Lo habrían hecho ayudándose del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), que fue implementado en 2009 por los gobiernos de Rafael Correa, de Ecuador; y Hugo Chávez, de Venezuela. La Comisión inició su investigación y están llamados a comparecer, entre otros, Correa (sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia) y Andrés Arauz, a esa fecha gerente del Banco Central.
El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, pidió a la Fiscalía que investigue nuevos delitos en torno a la trama de corrupción de Foglocons, que se habría dedicado a exportaciones e importaciones ficticias para lavar dinero en Ecuador desde Venezuela.
Según información de la Fiscalía, entre diciembre del 2012 y marzo del 2013, Foglocons habría lavado 159,9 millones de dólares en el sistema financiero legal de Ecuador. Esta empresa se constituyó en el país el 17 de octubre del 2012 y en 3 meses movió millones de dólares por exportaciones de planchas prefabricadas, materiales y acabados de construcción de viviendas a Venezuela.
La diferencia millonaria entre los pagos a proveedores por los productos que exportó, frente al dinero que recibió por estos materiales, que además Ecuador no es productor, dispararon las alarmas de los órganos de control financiero del país, consta en el informe de la Fiscalía. Foglocons vendió 159,9 millones de dólares en productos prefabricados a ELM IMPORT S.A. de Venezuela. Sin embargo, registró pagos por 200.000 dólares a sus proveedores por estos materiales.
Los productos tampoco fueron enviados a Venezuela, pero el dinero sí llegó a Ecuador a través del Sucre. El Banco Central del Ecuador reportó 185 transferencias millonarias realizadas desde el 28 de diciembre del 2012 al 26 de marzo del 2013.
Estos pagos se hicieron a través del Sucre desde el Banco Central de Venezuela a su similar en Ecuador y desde aquí se acreditaron a las cuentas de Foglocons en dos bancos ecuatorianos.
El proceso abierto por presunto lavado de activos de esta empresa no se concretó. Según Villavicencio, los expedientes fueron cerrados por la Fiscalía bajo la administración de Galo Chiriboga. Anunció también que ha pedido al Consejo de la Judicatura que investigue la actuación de “fiscales y jueces que sobreseyeron a los socios de la empresa Foglocons, socios de Álex Saab”. El legislador aseguró que Verónica Artola y Andrés Arauz, exgerentes del Banco Central, manejaron de forma conjunta el sistema Sucre en Ecuador, a la que consideró un sistema financiero paralelo al dólar.
Sin embargo, para los legisladores correístas, la investigación no es más que un intento de sacar del centro de la opinión pública la investigación que la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea cumple en contra del presidente, Guillermo Lasso, por su presunta vinculación a paraísos fiscales.
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