Dijo en la Asamblea que, a pesar de las pruebas, en el pasado los jueces fallaron a favor de los responsables de la empresa.
“El caso concreto del Fondo Global de Construcciones (Foglocons) adquirió la calidad de cosa juzgada. Es decir, opera el principio constitucional de que una persona no puede ser juzgada dos veces por una misma causa”, manifestó indignada la fiscal general, Diana Salazar.
Lo dijo durante su comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, donde se investigan las operaciones de Foglocons en Ecuador, empresa vinculada con Álex Saab, considerado testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La fiscal detalló cómo se llevó el proceso en contra de esa empresa, acusada por la Fiscalía de lavado de activos a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), pero que quedó en la impunidad, ya que los jueces que actuaron en su momento declararon la nulidad de lo actuado. La funcionaria cuestionó el accionar de los operadores de justicia en los casos de corrupción, por lo que dijo es tiempo de debatir las resoluciones de nulidades, sobreseimientos, Hábeas Corpus y pedidos de disculpas públicas, que lo que logran es que los procesados evadan sus responsabilidades penales y queden en la impunidad.
La trama de corrupción
La Fiscal detalló cómo se generó el proceso en contra de Foglocons. Informó que en el 2013 la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) recibió reportes de movimientos inusuales e injustificados de empresas que recibían altos montos de dinero a través de transferencias provenientes de Venezuela por concepto de exportaciones a través del Sucre.
Las empresas estaban relacionadas con Foglocons. Los productos exportados a Venezuela eran construcciones prefabricadas, maquinaria agrícola, carbonato de calcio y papas “a pesar de que la industria nacional no se destacaba por la producción de estas mercancías”. Además, las exportaciones registraron un sobreprecio de hasta 125% del valor normal.
Las cifras de las instituciones reflejan esas inconsistencias, ya que, según la Fiscal, los valores registrados por el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) eran considerablemente inferiores al contemplado en el Banco Central, encargado del Sucre.
Esto generó que millones de dólares ingresaran por unas horas al sistema financiero del país, ya que casi de inmediato se hacían transferencias al exterior. “Tipología clara de lavado de activos”, dijo Salazar. Foglocons movió más de 159 millones de dólares entre el 2012 y 2013.
El sistema judicial
Detectado este irregular sistema de exportaciones la Fiscalía inició investigaciones previas e inició instrucciones fiscales por lavado de activos. Entre las diligencias, se allanó el inmueble de esa empresa donde se incautaron documentos y facturas. Además, se bloquearon recursos por 52 millones de dólares. Pero la jueza Madeline Pinargote, hoy con sentencia condenatoria ejecutoriada y prófuga de la justicia, declaró la nulidad del proceso y revocó la prisión preventiva de los imputados. La Fiscalía apeló la resolución y el caso pasó a la Corte Provincial del Guayas, cuyos jueces ratificaron la resolución de primera instancia. Pinargote retomó el caso y ordenó la devolución de los 52 millones de dólares. Y explicó otra serie de irregularidades en las siguientes etapas procesales, que se habrían cometido en el juzgamiento de este caso, que ha quedado en la impunidad.
Salazar espera el informe de la Comisión para ver si hay otros delitos que se puedan investigar y establecer responsabilidades en contra de exfuncionarios. Entre otros por defraudación tributaria, defraudación aduanera y peculado.
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