Nov 06

La Comisión de Garantías Constitucionales aprueba un informe lleno de inconsistencias

Recomienda al Pleno que convoque al Presidente de la República para que responda inquietudes de los legisladores.

El Gobierno no tardó en reaccionar ante la aprobación del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea sobre la investigación de los Papeles de Pandora. En el informe se señala que “se verifica la inobservancia del Presidente de la República al pacto ético aprobado mediante consulta popular aprobaba en el 2017 y la Ley Orgánica de aplicación de la consulta, que prohíbe a candidatos de elección popular tener bienes en paraísos fiscales”. Para la Mesa esto configura el incumplimiento constitucional del artículo 130 numeral 2 de la Constitución, por grave crisis política, conmoción e inobservancia interna del mandato popular.

Ante esto, el vocero presidencial, Carlos Jijón, a través de su cuenta Twitter, señaló que el Gobierno rechaza el informe que “en contra de la razón y del Derecho ha sugerido que el Presidente de la República no observó la Ley al inscribir su candidatura”. Jijón continúa y, a través de la red social, asegura que el informe no sólo viola toda regla del Derecho, sino de lógica y del idioma.

Como parte del informe, aprobado con 6 votos a favor, dos en contra y una abstención, se recomienda que, en un plazo máximo de ocho días, se convoque a Lasso para que comparezca ante el Pleno para que entregue la información solicitada.

¿Y las pruebas?

Más de 200 páginas contiene el informe aprobado por la Comisión. Su presidente, Fernando Cabascando (PK), reconoce que los funcionarios convocados no aportaron con información, pero que hay adjuntos en los que se recalca cuáles ‘serían’ esos incumplimientos. Siempre en condicional. Es decir, no hay certezas en el informe. Por ejemplo, en una de sus conclusiones señala la “posibilidad” de que el Presidente esté incurso en la prohibición de la Consulta Popular, o de “supuestas” infracciones al COIP. 

Además, el informe establece supuestas responsabilidades penales del mandatario en el caso de los Papeles de Pandora, pero siempre en condicional.  Así, menciona se han encontrado hechos que suscitan especial preocupación y que deben ser investigados por las instancias correspondientes. Y habla de la necesidad de investigar una “posible” defraudación tributaria, un “posible” testaferrismo”, un “posible perjurio”, un “posible” peculado bancario, entre otros “supuestos” y “posibles”. 

La bancada de UNES, en rueda de prensa posterior a la aprobación del informe, trató de demostrar lo que no lograron en el texto: que Lasso tiene vinculaciones con empresas offshore. Sin embargo, la jefa de la bancada, Paola Cabezas, dijo una frase que le daría la razón al Gobierno: “Esto, evidentemente, no se pudo explicar con claridad el día de hoy, pero esto es lo que ustedes tienen que saber”, manifestó.

Más inconsistencias 

En el informe de la Comisión algunas conclusiones aparecen como recomendaciones y viceversa. O antecedentes que constan como conclusiones. Por ejemplo, concluye que el 3 de octubre de 2021, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) realizó una difusión masiva en los medios de comunicación más importantes del mundo; que el 7 de octubre la Asamblea aprobó la propuesta de resolución presentada por el asambleísta Rony Aleaga, quien solicitó al Pleno de la Asamblea que defina una Comisión para que dé tratamiento al análisis de la información contenida en la investigación ‘Pandora Papers’ y establezca conclusiones y recomendaciones al efecto; o que el 13 de octubre la Comisión de Garantías Constitucionales, aprobó el Plan de Trabajo con su respectivo cronograma.

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