El silencio y la ausencia del Estado siguen siendo las constantes. Las autoridades de las diferentes instancias no han informado los pasos concretos que se seguirán para cumplir el pacto para superar la crisis carcelaria.
Se cumple una semana de los anuncios hechos por el presidente, Guillermo Lasso, para superar la crisis carcelaria, pero hasta el momento no hay nada concreto. Entre las siete medidas anunciadas producto del acuerdo con otras funciones del Estado, constan iniciar los procesos de pacificación de las cárceles a través del diálogo, con el apoyo de la sociedad civil y de organismos internacionales.
Sin embargo, el alcance de dicho diálogo, quiénes serán los interlocutores, cuáles serán las propuestas, con quiénes se dialogará y el mecanismo no están claros. Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica y encargado del SNAI, en entrevistas a medios de comunicación, ha asegurado que el diálogo se cumplirá a través de mediadores entre bandas, para que cedan posiciones, pero no el Estado negociando nada, ya que eso implicaría ceder soberanía y eso no se puede admitir.
El defensor del pueblo (e), César Córdova, cuestionó cómo se puede hablar de un proceso de pacificación integrado por altos comisionados que no querrán ingresar a los centros carcelarios si no tienen las debidas garantías, ya que se arriesgan a “salir cadáveres”. “Lo primero que se debe hacer es tomar el control de los centros de rehabilitación”, dijo el funcionario.
Otras instancias
El Consejo de Participación Ciudadana será el encargado de promover la presencia de los ciudadanos en mesas de diálogo con el Estado, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas.
En esta instancia se espera que, recién en los próximos días, los consejeros o sus delegados presenten propuestas de cuál será el objetivo de su participación y cómo cumplirán esos diálogos, especialmente los enfocados a las familias de las víctimas de las masacres carcelarias.
Los consejeros aseguran que están dispuestos a apoyar el proceso de pacificación en el ámbito de sus competencias, pero no hay nada definido de qué mecanismo trabajarán y con quiénes lo harán.
Reforma legal
Mientras que en el ámbito de las reformas legales que se proponen, en la Asamblea se confirmó que no ha habido acercamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, más allá de la reunión para lograr el Acuerdo, para estructurar las reformas a cuerpos legales que se necesitan para combatir la violencia en la cárcel y reducir el hacinamiento.
En su momento, el presidente Lasso aseguró que, con el propósito de que la fuerza pública cuente con las herramientas necesarias para la defensa ciudadana y el control de los sistemas carcelarios, se aprobarán las normas para el uso progresivo de la fuerza.
Como antecedente, aunque en otro contexto, tras las manifestaciones de octubre de 2019 el Ministerio de Defensa, bajo la conducción de Oswaldo Jarrín, emitió el acuerdo ministerial 179 que contiene el “Reglamento del Uso Progresivo, Racional y Diferenciado de la Fuerza por parte de los Miembros de las Fuerzas Armadas”. Pero la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por la forma de ese Acuerdo Ministerial, por incumplir con el principio de reserva legal y debido a que el Ministro era incompetente para efectuar la regulación. También, declaró la inconstitucionalidad por el fondo de algunos artículos.
En relación a los indultos ofrecidos, el Gobierno firmó los decretos para que se proceda a indultar a los condenados por infracciones de tránsito que no impliquen muertes ni lesiones; y a los enfermos terminales, personas que adolecen de enfermedades catastróficas y tuberculosis. Mientras que en la Asamblea aún no se analiza con profundidad las solicitudes de amnistía que presentó la Conaie.
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