Los asambleístas coinciden en que el informe del proyecto de Ley mejora el texto que remitió el Gobierno, pero que hay la necesidad de más ajustes.
“Este proyecto de Ley ha mejorado mucho, ha sido equilibrado por la Asamblea, pero va a depender de las observaciones que sean acogidas por la Comisión para tomar una decisión el viernes: si se aprueba o se rechaza”, manifestó el asambleísta John Vinueza (independiente).
Su criterio refleja lo expresado por la mayoría de asambleístas de diversas bancadas durante el segundo debate del proyecto de Ley de reforma tributaria que remitió el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, por lo que el Pleno tiene plazo hasta el sábado para pronunciarse y evitar que entre por el Ministerio de la Ley.
Para los legisladores, el informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico es mucho mejor que el proyecto original enviado por el presidente, Guillermo Lasso, pero no es suficiente ni satisface las expectativas de las bancadas, por lo que, tras este segundo debate, las observaciones que se presenten deberán ser analizadas por la Comisión e incorporar los cambios al informe final, que se votará el viernes. La Ley de la Función Legislativa da esa posibilidad:
El debate
El ponente del informe, Francisco Jiménez (CREO), manifestó que la economía del país tiene dos problemas fundamentales que resolver, la estructura de la recaudación y el déficit fiscal. Aseguró que, en materia de tributos, se mantiene la progresividad para que paguen más los que ganen más. “Es una Ley que busca combatir la pobreza y la desigualdad”.
La oficialista Nathalie Arias agregó que la Ley es necesaria para impulsar la reactivación económica a través de un escenario macro fiscal estable y que no debe ser vista de manera aislada, sino que va de la mano con la Proforma Presupuestaria de 2022 y con el Plan Nacional de Desarrollo. “Necesitamos un gran pacto fiscal”, dijo. Agregó que el proyecto tiene “rostro humano” y brinda seguridad jurídica.
Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática, aseguró que la hoja de ruta de su organización política es el diálogo, donde se logren acuerdos mínimos que permitan enrumbar al país, por lo que le han “extendido la mano” al Presidente de la República para generar gobernabilidad. Sin embargo, aclaró que no es un “cheque en blanco” al Gobierno. Cuestionó a la Comisión por no haber recogido algunas propuestas de la bancada, por lo que espera que sean tomadas en cuenta en el informe final. Por ejemplo, que se excluyan del cálculo de la contribución especial de patrimonio a las tierras agrícolas a nivel nacional.
La oposición legislativa
El bloque correísta, de oposición extrema al Gobierno, aseguró que está de acuerdo con el 60% del proyecto pero que el 40% restante afecta al pueblo. Carlos Zambrano (UNES) dijo que entiende que el Gobierno necesita recursos económicos pero no a través de más impuestos antitécnicos. Agregó que su bancada tiene propuestas con las que el Ejecutivo podría recaudar más de los previsto con la Ley.
El independiente César Rohon agregó que se está priorizando la recaudación de impuestos antes que la reactivación económica. De su lado, el Partido Social Cristiano asumió la oposición total al proyecto. Esteban Torres, jefe de bancada, aseguró que todo los sectores económicos, productivos, asociaciones, han rechazado el proyecto de Ley. “No hay una sola voz fuera de la política y del Gobierno que exprese su respaldo”, dijo. Para Torres la reforma no va a lograr el crecimiento económico, ni generará mayores recaudaciones. Al contrario, aseguró, destruirá con la poca e incipiente cultura tributaria que hay en el Ecuador. Criterio con el que coinciden otros legisladores.
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