La Constitución prohíbe que dos proyectos económicos urgentes se traten al mismo tiempo en la Asamblea, salvo en Estado de Excepción. ¿Es ese el objetivo del Gobierno, o neutralizar las marchas o realmente la seguridad?
Los verdaderos objetivos del decreto de Estado de Excepción que dictó el presidente, Guillermo Lasso, deja dudas entre dirigentes de sectores sociales, analistas en seguridad y expertos en Derechos Humanos. Anoche, el mandatario dijo que toma esta medida, que se aplicará por 60 días, para enfrentar los altos índices de delincuencia que viene registrando el país y relacionó los crímenes intencionales con la venta de droga y delitos asociados.
Decretamos Estado de Excepción en todo el territorio nacional para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de drogas, entre otras acciones; y crearemos la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública. pic.twitter.com/3eSNrKSQPJ
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 19, 2021
El Estado de Excepción rige a escala nacional pero, según el Decreto, la movilización de las Fuerzas Armadas se cumplirá en nueve provincias: El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos. Son las provincias donde los indicadores de violencia lo justifican, señaló Lasso.
Para Roberth López, coordinador jurídico de la Fundación Dignidad, dedicada a temas de Derechos Humanos, el alcance del Decreto es contradictorio, porque señala que se aplica en todo el territorio, pero con efecto focalizado en las 9 provincias. “No se puede dictar un Estado de Excepción de corte nacional cuando en la práctica lo termina focalizando. Eso a nivel jurídico es un champú”, dijo.
Por lo que considera que hay más motivaciones políticas que jurídicas para su expedición. “La Constitución establece que se puede dictar un Estado de Excepción por grave conmoción interna, pero esa condición no está debidamente detallada, ni justificada en el Decreto”, aseguró. López considera que la motivación política es desactivar las movilizaciones anunciadas por diferentes sectores sociales y evitar que se repita otro octubre de 2019.
El analista en seguridad ciudadana Lautaro Ojeda coincide en que es un Decreto confuso, ya que no se entiende que sea de ámbito nacional con aplicación restringida, cuando el fenómeno de la violencia criminal se extiende en el país, por lo que debe ser atacado en cada uno de los espacios. “El Decreto no establece qué prioridades se da al equipamiento, tecnología de la Fuerza Pública”, dijo.
Bajo esas condiciones, López considera que el Decreto debería ser observado por la Corte Constitucional. Sin embargo, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en su cuenta de Twitter, escribió que las Fuerzas Armadas y la Policía tienen el respaldo del Gobierno para combatir a la delincuencia.
La @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR cuentan con el respaldo absoluto del Gobierno Nacional para enfrentar el flagelo de la delincuencia. El proyecto de Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública y la creación de la Unidad de Defensa Legal son muestras claras de ese compromiso. https://t.co/LQfPBxuVzV
— Alexandra Vela Puga (@AlexandraVelaP) October 19, 2021
¿Otras intenciones?
Otra interpretación del Decreto es la que tienen los dirigentes sociales y sindicales del país. Ellos no descartan que sea una medida para desarticular las convocatorias a movilizaciones y plantones que han convocado para los próximos días en contra de la política del Gobierno. Pero eso no les preocupa ya que, según José Villavicencio, presidente de la UGTE; e Isabel Vargas, presidenta de la UNE, son marchas pacíficas como un mecanismo de libre expresión y disentimiento frente a las acciones del Ejecutivo.
Para los dirigentes, la verdadera intención del Gobierno con la declaratoria del Estado de Excepción es remitir a la Asamblea dos proyectos urgentes en materia económica que le interesa sean tratados de forma inmediata: el tributario y el laboral, lo que no puede hacerlo en circunstancias normales.
En efecto, la Constitución, en su artículo 140, establece que mientras esté en trámite un proyecto con el carácter de urgente en materia económica, no podrá enviar otro, salvo en Estado de Excepción.
“El Gobierno debía contar con un Estado de Excepción a escala nacional para poder enviar a la Asamblea dos proyectos urgentes diferentes y eso es lo que ha hecho. Enviará con el mismo contenido de la Ley de Creación de Oportunidades que le fue negado por la Asamblea”, manifestó Vargas.
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