La consulta podría hacerse junto con las elecciones seccionales del próximo año. Uno de los temas sería la desaparición de la Judicatura.
Fortalecer el sistema de Justicia no pasa por una consulta popular, sino por respetar su independencia y fomentar la transparencia en la selección de jueces y otros funcionarios. Así de tajante es el criterio de la presidenta del Colegio de Abogado de Pichincha, Yolanda Yupangui, y el constitucionalista Fausto Vásquez.
La mañana de este martes, en una entrevista desde el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó su intención de recurrir a una consulta popular para tratar temas relativos a la justicia. Aunque aún está en análisis esta propuesta, Lasso manifestó que el objetivo es que se realice junto con las elecciones seccionales del 2023.
“Nadie está contento con la justicia en el Ecuador. Esto impacta negativamente en la seguridad ciudadana. Usted ve a diario que ingresan a la cárcel algunos delincuentes e inmediatamente salen por decisiones y sentencias de jueces”, aseguró el primer mandatario.
Agregó que es necesaria una nueva arquitectura institucional para evitar conflictos entre la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura, organismo que, para él, debería desaparecer.
Lasso incluso sugirió que en la consulta podría incluirse su propuesta de reforma laboral y las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana.
Frente a este pronunciamiento el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, manifestó que defenderán la institucionalidad y la democracia.
En entrevista con DemocraciaTV, aseguró que convocar a una consulta popular puede ser una oportunidad para reformar la norma constitucional, que viene desde el 2008, pero que primero hay que debatir los alcances de esa consulta.
El magistrado agregó que una reforma debe estar enfocada en fortalecer la institucionalidad, la independencia; que sea un sistema moderno, ágil, eficiente, por lo que es necesario invertir recursos económicos, modernizar la tecnología.
Saquicela dijo que para que el sistema de justicia funcione bien se requiere garantizar la independencia e imparcialidad de los juzgadores, una conducta ética de los funcionarios judiciales y un sistema procesal oportuno.
Lo de fondo
Yupangui asegura que mejorar el sistema judicial debe estar en manos de especialistas en la materia, ya que, si bien la ciudadanía es la usuaria del sistema, no conocen cómo funciona, los procesos que se cumplen, cómo se designa a los jueces, entre otros detalles.
La dirigente de los abogados en Pichincha agregó que primero se debe identificar los puntos críticos y sus soluciones, para lo cual se requieren recursos económicos.
“Si atacamos los puntos críticos será más fácil, antes que lanzarnos a una consulta para que solucione el pueblo, que son los usuarios, pero no los técnicos, se necesita personas con criterio”, manifestó.
Para ella, los puntos críticos que hay que resolver son la idoneidad y aptitud de todo el personal —funcionarios y autoridades—, lo que se logrará con concursos transparentes, sin direccionamiento político.
Otro tema que hay que resolver con urgencia, dijo, es el tecnológico, para lograr un sistema informático óptimo, que agilice los procesos, para que la gente no haga fila.
Parece un asunto menor y mecánico, sin mayor incidencia en la desconfianza del sistema judicial en su conjunto, pero, por ejemplo, a través del sistema informático se evalúa el desempeño y la productividad de agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales.
Además, a raíz del proceso que se inició al exalcalde de Quito Jorge Yunda salió a la luz un irregular sorteo de causas, por lo que en su momento se solicitó una pericia informática.
Acabamos de ingresar el documento de “Acto fiscal urgente” a la @FiscaliaEc y confiamos en que se actúe con la misma diligencia con la que se dió trámite a la acción presentada por el Dr. Jorge Yunda. pic.twitter.com/VD8i51nllz
— Fernando Morales Concejal de Quito (@MoralesFer51) July 9, 2021
“Son cosas que no se resuelven con una consulta popular, por más bienintencionada que esta sea”, dijo Yupangui.
En tanto que Vásquez agregó que lo fundamental es que se respete la independencia de la Función Judicial y que la meritocracia con la que deben ser designados jueces y otros operadores de justicia debe ser más transparente.
“El concurso debe ser 100% público, debe existir un control social abierto, independencia de quienes están optando por un cargo, capacitación constante de jueces”, dijo.
Considera que la Función Judicial no puede cambiarse a través de una consulta popular, ya que los jueces son designados por concursos. Sin embargo, la desaparición de la Judicatura sí podría ser motivo de consulta, aseguró, porque sus miembros son designados a través de un proceso político de ternas.
Consultas y justicia
Desde que entró en vigencia la Constitución del 2008, que según el correísmo iba a durar 300 años, tanto el Gobierno de Rafael Correa como el de su excoideraio Lenín Moreno han recurrido a la consulta popular para establecer la Justicia a su medida. En el 2011 Correa impulsó la consulta popular con un mensaje claro: “meterle mano a la justicia pero por el bien del pueblo”. Así planteó una serie de reformas al sistema judicial y normó la conformación del Consejo de la Judicatura, que en sus primeros años terminó por responder a los intereses del correísmo.
Luego, en el Gobierno de Moreno, la consulta popular de 2018 fue el marco para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana a través del cual se descorreizó el aparato estatal, con el cambio de la Corte Constitucional, de la Judicatura, entre otras instituciones.
“El tiempo nos da la razón, la solución no está en desbaratar todo para volver a empezar”, dijo Yupangui. Mientras que Vásquez dijo que existe el riesgo de que Lasso, con su consulta popular, repita la práctica de Correa y de Moreno. “Se da la instrumentalización de la Justicia que es lo que buscan todos los Gobiernos. Desafortunadamente en América Latina se observa esto”, manifestó.
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