El plan de Gobierno del candidato Lucio Gutiérrez del partido Sociedad Patriótica (PSP) carece, en su gran mayoría, de datos estadísticos verificables. Por esta razón, solo se analizó la viabilidad de algunas propuestas en el caso de que el candidato llegue a la Presidencia de la República.
1. “Contratar empresas especializadas en investigación, localización y repatriación de activos”
Esta es una de las propuestas de Lucio Gutiérrez en materia de lucha contra la corrupción. El planteamiento es poco viable.
En 2018, el presidente Lenín Moreno presentó el Plan de Prosperidad 2018-2021. El documento incluía la identificación de bienes y capitales producto de los casos de corrupción en el país, sobre todo de aquellos que estarían en Panamá y Estados Unidos.
También ofreció repatriar esos fondos con la ayuda de empresas especializadas para este tipo de casos. Sin embargo, los avances han sido prácticamente nulos.
El 2020, el mismo secretario anticorrupción, Iván Granda, reconoció que se ha avanzado poco con la repatriación de fondos porque eran necesarios procesos judiciales que hagan factibles las medidas. Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal, sostiene que en el mundo la recuperación de los dineros robados presenta grandes dificultades.
“Depende de la eficacia de la justicia y de las instituciones internacionales. Asimismo, se necesita una ley que permita extender el dominio de los activos de quienes delinquen para permitir interna y externamente recuperar el dinero. Una afirmación contundente sobre esto no es cierta”.
Desde su lectura, antes de intentar repatriar el “dinero robado”, Ecuador tiene que dar muestras de lucha contra la corrupción, analizar los intereses de cada país y poner sobre la mesa los acuerdos internacionales en torno a este tema. “Llevaría mucho tiempo y es poco lo que se logra”.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el Departamento de Justicia de EE.UU. tiene a disposición la División Penal y la Oficina de Asuntos Internacionales, que es la autorizada para recibir y asignar las solicitudes formales de los gobiernos extranjeros. Desde 2010, existe una guía para que los países colaboren en un sistema de confiscación de dinero y bienes en ese territorio.
2. “Aplicar sistema de Blockchain a las Compras Públicas”
Gutiérrez también propone instalar un sistema de BlockChain para prevenir la corrupción en las compras públicas. Si bien este sistema de seguridad informática goza de gran reputación en el mundo, expertos consultados advierten que no es 100% infalible.
El consultor informático internacional Francisco Faliero explica que aún no se han detectado fallas de seguridad en el proceso de criptografía del blockchain porque no existen computadores suficientemente potentes para desencriptar los procesos.
Bruno Sánchez, magíster en Seguridad de la Información, afirma que ninguna tecnología es inviolable. “Aunque, el Blockchain es el más seguro para este tipo de transacciones, no puede ser infalible».
«Hay que tener en cuenta que pese a que el sistema sea perfecto, y el proceso no se viole, es lo que ocurre antes de que se suba al portal lo que está viciado de corrupción: términos de referencia condicionados, características específicas para un solo participante u otros”, analiza.
Xavier Salvador, exdirector de Informática del Municipio de Guayaquil, coincide en que es la tecnología más segura que hay hasta la fecha, pero recalca, como los otros consultados, que los acuerdos entre empresas no se pueden evitar.
Los procesos de compras públicas en Ecuador han presentado irregularidades a lo largo de los últimos años. Solo en 2019, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) detectó irregularidades en 1.300 procesos de compra pública, en fases precontractual y contractual, valorados en $ 280 millones, aproximadamente.
También en el periodo de pandemia salió a luz la vulnerabilidad del sistema, cuando Diario Expreso publicó que en diez meses -entre enero y octubre de 2020- al menos 271 contrataciones públicas tuvieron anomalías que fueron comunicadas a la Contraloría General del Estado.
3. “Cadena perpetua a quienes roben dinero público o hagan fraude fiscal o electoral”
Ante la creciente ola delictiva que afecta a varias ciudades del país y los casos de impunidad, Gutiérrez propone la posibilidad de imponer cadena perpetua a quienes roben dinero público, hagan fraude fiscal, violen, maten y cometan femicidios.
Esto es jurídicamente inviable y atentaría contra tratados internacionales y la misma Constitución, advierte el magíster en Criminalística y excandidato a alcalde de Guayaquil, Eduardo Argudo.
El catedrático en Derecho Penal y subdecano de Jurisprudencia de la Universidad Central, Ramiro García, señala que Ecuador es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos. En dicho tratado, se establece la rehabilitación del penado, por lo que una cadena perpetua hace imposible una rehabilitación.
A esto se le suma la Constitución del Ecuador de 2008, donde se estipula la rehabilitación como uno de los principios adherentes al sistema penitenciario en los artículos 76 y 77. El especialista calificó estas propuestas como “populismo penal inadecuado y discurso fácil, pero vacío”, donde se omiten las causas reales de la delincuencia.
Por su parte, Billy Navarrete, secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH, afirma que la propuesta estaría en contrasentido con el espíritu constitucional. Por lo tanto sería “absolutamente anacrónico”.
El experto en Derecho Penal, Pedro Álava, coincide con los anteriores. Álava indica que tanto la legislación penal (COIP) como la Constitución no tienen tipificada la pena de muerte y para que la propuesta de Gutiérrez se viabilice, primero debería enviarse el proyecto de ley a la Asamblea para su discusión, socialización y posible aprobación. Además, de requerir un estudio sociológico y de policías y jueces especializados para la aplicación de una pena de muerte.
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