Carlos Rabascall, candidato a la vicepresidencia por Centro Democrático, tuiteó “la Comisión Administrativa de la Legislatura (CAL) declaró inconstitucional la mal llamada «Ley de Defensa de la dolarización», que debería llamarse Ley para privatizar el Banco Central o del nuevo feriado bancario”. Es cierto que el CAL devolvió por segunda vez el proyecto de ley al Ejecutivo, pero la misma no habla de privatizar al Banco Central del Ecuador.
La Comisión Administrativa de la Legislatura (CAL) declaró inconstitucional la mal llamada «Ley de Defensa de la dolarización», que debería llamarse Ley para privatizar el Banco Central o del nuevo feriado bancario.
La razón no pide fuerza. @marcoslopez59 https://t.co/Qh8csxwi98
— Carlos Rabascall (@rabascallcarlos) March 1, 2021
Primero, es el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el que califica las leyes que llegan a la Asamblea Nacional, y no la Comisión Administrativa de la Legislatura.
Segundo, el 1 de marzo de 2020, el CAL no calificó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización y lo devolvió, por segunda ocasión al presidente de la República por no cumplir con los requisitos dispuestos en la Constitución.
Un análisis jurídico de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea detectó inconstitucionalidades. Entre ellas, que el Legislativo nombre a los miembros de la Junta de Política Monetaria y Regulación Financiera de entre cinco candidatos propuestos por el Presidente de la República. Esta disposición, según en informe, debería ser precisada en función del artículo 120 de la Constitución donde se establecen las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional.
Entre otras de las observaciones por inconstitucionalidad se encuentran la eliminación de varias funciones a la Junta Monetaria y trasladarlas directamente al Central.
Según el Ejecutivo, el proyecto de ley incluía reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para fortalecer la institucionalidad e independencia del Banco Central del Ecuador (BCE) al reorganizar su base institucional.
El artículo 18 del proyecto de ley indica que “el Banco Central es una persona jurídica de derecho público, parte de la Función Ejecutiva, con duración indefinida, con régimen legal y naturaleza propia, con autonomía institucional, administrativa, presupuestaria y técnica”.
El mismo articulado indica que el BCE se regirá por la Constitución, el Código Monetario, su estatuto, las regulaciones expedidas por el órgano de gobierno y reglamentos internos.
La propuesta también incluía la creación de un directorio con cinco miembros nombrados por la Asamblea Nacional de una terna enviada por el Ejecutivo; reorganizar las funciones de la Junta de Política y Regulación Financiera, entre otras reformas.
Algunos asambleístas y políticos se oponen al proyecto, ya que opinan que busca “privatizar” el BCE por la estructura planteada para el directorio.
En cambio, quienes están a favor del proyecto opinan que fortalece a la institución al darle independencia. “He leído la ley y no hay ningún proyecto, ningún inciso que hable de la privatización del Banco Central”, dijo el presidente ejecutivo de la Asociación de Banco Privados del Ecuador (Asobanca), Julio José Prado, en una entrevista en Ecuavisa este 8 de marzo de 2021.
Recordó que la propuesta legal prohíbe que personas relacionadas a la banca o con afiliación a un partido político no podrían ser parte del directorio.
De acuerdo con un análisis de la Corporación de Estudios para el Desarrollo CORDES, el proyecto no presenta la posibilidad de que el Banco Central sea manejado por el sistema financiero privado. Al contrario, evita una concentración de poder dentro del Directorio del BCE y de la Junta de Política y Regulación Financiera al tener miembros designados por la Asamblea Nacional de un grupo de candidatos enviado por el Ejecutivo.
El 10 de febrero de este año, el CAL tampoco calificó el proyecto y lo devolvió al Ejecutivo. En esa ocasión, para los legisladores habían errores de forma.
Tanto el presidente Lenín Moreno como el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, mostraron su desacuerdo a la decisión del CAL. “El CAL no puede interpretar la constitucionalidad de un proyecto de ley (…) esa competencia es exclusiva de la Corte Constitucional”, dijo Pozo.
Para una tercera revisión, César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, y Mauricio Pozo, ministro de Economía, acordaron revisar el contenido del proyecto en mesas de trabajo institucionales desde el viernes 5 de marzo de 2021.
El proyecto de ley es parte del acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta reforma es una de las metas para que el organismo desembolse $400 millones en abril de 2021.
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