La segunda vicepresidenta de la Asamblea enfrenta una investigación penal y una política. Apenas 1 de cada 10 ecuatorianos cree en el Legislativo.
En un comunicado público, la Asamblea Nacional aseguró que brindará total apertura y las facilidades del caso para el desarrollo de las diligencias que la Justicia cumpla con relación a la investigación a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez (exID).
La posición institucional de la Legislatura se difundió minutos después de que miembros de la Policía y de la Fiscalía allanaron este viernes 3 de septiembre la oficina de Jiménez, dentro de un acto urgente ordenado en el marco de una investigación previa que se cumple contra la legisladora, por presunta concusión.
Las autoridades de Justicia llegaron a la oficina de Jiménez, ubicada en el Palacio Legislativo, para recabar información sobre este caso, en el que la legisladora está acusada de gestionar cargos públicos a cambio de dinero, que habrían cobrado su hijo y su hermano. Según la denuncia de Fernando Villavicencio, la legisladora habría pedido al menos 3.000 dólares para tramitar un cargo en su despacho. En cambio, la asambleísta Victoria Desintonio asegura que fueron 6.000 dólares lo que cobró a otra persona por el mismo trámite.
Las consecuencias
El allanamiento a la oficina de la segunda vicepresidenta de la legislatura genera preocupación entre los asambleístas, por las repercusiones que puede tener en la imagen de este poder del Estado, según Fernando Flores (CREO) y Pedro Velasco (Avanza).
Para Velasco el mensaje positivo que se puede sacar del operativo es que nadie está al margen de la Ley y que todos los funcionarios tienen que responder por su actos. “Aquí no puede entenderse que debe existir un espíritu de cuerpo, donde alguien pretenda escudarse”, dijo. En cambio, Flores manifestó que es necesario apoyar toda gestión que promueva la transparencia para que el país tenga la seguridad de que se está actuando dentro de lo legal.
Para Velasco, es preocupante que en algo más de tres meses la Asamblea ya se vea involucrada en estos actos de posible corrupción. El tema de Jiménez no es el único; en los últimos días el legislador Bruno Segovia difundió unos chats que involucrarían a Peter Armijos, asesor del asambleísta Darwin Pereira, en la oferta de puestos para gente leal.
«Es preocupante que un asesor gestione cargos públicos», dice el legislador Bruno Segovia, parte de la Comisión de Fiscalización. Esto sobre chats del asesor del asambleísta de Pachakutik Darwin Pereira, Petter Armijos. Mientras, Pereira marca distancia y habla de persecución. pic.twitter.com/KHoRz7UJkB
— LaHistoria (@lahistoriaec) August 26, 2021
Pereira manifestó que no puede tener control de las comunicaciones de sus asesores. A su caso se sumó el de Elías Jachero, también señalado por, presuntamente, estar gestionando cargos públicos. Jachero ha negado las acusaciones y señaló que los chats que se difundieron con esa información son falsos.
Lo cierto es que, de una u otra manera, la Asamblea vuelve a quedarse sin respaldo. En una entrevista del 1 de septiembre, en Radio Democracia, el presidente ejecutivo de Cedatos, Ángel Polibio Córdoba, informó que la credibilidad en la palabra de los asambleístas está a la baja. El 4 de junio, el 23,5% de la población creía en su palabra; para el 5 de agosto ese porcentaje bajó al 21% y al 30 de agosto se ubicaba en 16%.
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